Creen que empleados del Hogar de Ancianos estafaron a varios abuelos

Destacadas03/08/2024
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Les habrían robado casi 2 millones de pesos.









El 2 de agosto de 2024 se formalizó la investigación penal contra Priscila Lisette Orellano Manrique y Gustavo Joaquín Orellano por presunta estafa a seis residentes de la Residencia Eva Duarte de Perón, en San Juan. Los imputados, que trabajaban en el hogar de adultos mayores, fueron acusados de utilizar fraudulentamente las tarjetas de débito de los residentes, causando un perjuicio económico de más de 1.7 millones de pesos.

La causa, registrada  surge de varias denuncias de residentes que al intentar cobrar sus jubilaciones descubrieron que no tenían saldo en sus cuentas. La directora del hogar, al recibir las quejas, contactó a las entidades bancarias y confirmó que se habían realizado movimientos no autorizados en las cuentas de las víctimas. Las investigaciones revelaron que estos movimientos correspondían a compras virtuales realizadas con las tarjetas de débito de los residentes, vinculadas fraudulentamente a los acusados.

El fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo, conformado por el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martinez, avanzaron en la investigación que lleva la jueza Flavia Gabriela Allende. Se declaró la legalidad de la detención de Priscila Lisette Orellano Manrique y se formalizó la investigación penal preparatoria contra ambos imputados por el delito de "estafa con utilización de tarjetas de débito", conforme a los artículos 172, 173 inciso 15 y 55 del Código Penal.

La jueza Allende ordenó la libertad inmediata de Priscila Lisette Orellano Manrique y mantuvo la libertad de Gustavo Joaquín Orellano, imponiéndoles medidas coercitivas por un plazo de 8 meses. Estas medidas incluyen el compromiso de someterse al proceso penal y no obstaculizar la investigación, presentarse mensualmente ante la Comisaría 30°, y la prohibición de salir del ámbito nacional o provincial sin autorización previa. Además, se les prohibió acercarse o tener cualquier tipo de contacto con las víctimas, tanto en lugares públicos como en el domicilio de la residencia, así como a través de medios electrónicos o terceros.

La decisión judicial también ordenó comunicar a la Residencia Eva Duarte de Perón las medidas adoptadas en la audiencia, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.




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