Indagarán al abogado penalista y los otros dos detenidos en la causa por presunta explotación de mujeres

"Es socio”, aseguraron fuentes judiciales al referirse al presunto rol del reconocido abogado penalista Gustavo De La Fuente en una pseudo empresa que se dedicaba a la venta de videos eróticos y sexuales de mujeres. “Gastaba en productos que hacían falta y recibía dinero”, agregaron para sostener su papel societario. El tema es que la Justicia Federal investiga al profesional por la supuesta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, una figura delictiva, encima agravada, que tiene un castigo de cárcel efectiva, dado que arranca con un mínimo de ocho años, si se llegase a confirmar. Así, De La Fuente será indagado este viernes en la causa que busca establecer si se benefició económicamente de la actividad de terceros y si se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La investigación está en manos del fiscal General Francisco Maldonado, quien, luego de seis meses de recopilar pruebas, solicitó los allanamientos, el secuestro de elementos y la detención de los implicados, lo que ordenó el juez Leopoldo Rago Gallo. De La Fuente no es el único sospechoso, ya que también fue apresado un colombiano y un venezolano, quienes también tendrían un papel clave en la sociedad. En el caso del venezolano, que fue el último detenido, se habría desempeñado como encargado o coordinador de la vivienda en la que las mujeres hacían los videos, explicaron las fuentes.

De acuerdo a lo que trascendió, en los allanamientos que realizó personal de Gendarmería, encontraron contratos que se firmaban con las mujeres, los que establecían que la “empresa” no podía quedarse con más del 50 por ciento de lo que se pagaba por la difusión de los videos o streaming, es decir, la transmisión en vivo con interacción de los clientes que pagan, por ejemplo, una suscripción.

Sin embargo, los investigadores sospechan que las mujeres no tenían conocimiento de cuánto se cobraba, dado que “los socios” manejaban todo. Si bien recibían dinero, señalan que era ínfimo, por lo que el porcentaje era menor. Ahí se vulneraría lo pactado con respecto a una de las condiciones contractuales, lo que configuraría la explotación económica, explicaron las fuentes.

Más allá del consentimiento que pudo haber existido por parte de las víctimas, el tema es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, dado que las mujeres serían de condiciones humildes.

Los gendarmes se dirigieron a la vivienda ubicada sobre calle Güemes, en Capital, y tenían el dato de que podían encontrar a cinco mujeres, pero hallaron a tres, las que brindarán sus testimonios en Cámara Gesell. Las fuentes indicaron que no descartan que haya más víctimas, dado que había como “altas y bajas” en cuanto a la participación de mujeres en las filmaciones. De acuerdo a lo que trascendió, había una chica riojana y el resto de las que pudieron identificar son de San Juan.

Un detalle llamativo y, de cierta manera, indicativo de lo subterráneo de la maniobra es que no se podía ingresar a “la página” en la que se hacía el streaming o se subían los videos desde cuentas o computadoras de Argentina. “Estaba bloqueado el acceso. Todos los usuarios eran del exterior”, detallaron.

De acuerdo a lo que trascendió, en la causa hubo escuchas telefónicas, el llamado “trabajo de campo” por parte de los uniformados, es decir, el seguimiento de hechos concretos e informes financieros, además de todos los elementos que se secuestraron, como celulares, computadoras y aparatos electrónicos, los que serán peritados para hallar y corroborar pruebas.

Además de que las fuentes resaltaron que De La Fuente recibía dinero y compraba elementos para el funcionamiento de las tareas de las mujeres, agregaron que su pareja les habría dado alojamiento a algunas de las víctimas.

Luego, salieron a la luz detalles de ciertas características de los videos y del contrato. Por ejemplo, todo indicaría que una práctica que se realizaba era que un usuario podía manejar, vía remota, aparatos de penetración, como vibradores o juguetes sexuales, en lo que era un servicio adicional para el cliente.

Por otro lado, en los contratos figuraba la adquisición de dichos juguetes sexuales como “accesorios terapéuticos”.

Gustavo De la Fuente fue seleccionado por el Consejo de la Magistratura para INTEGRAR una de las ternas por el cargo de defensor Oficial.

La denuncia se realizó en la línea gratuita 145, por lo que intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien envió el caso a la Fiscalía a cargo de Maldonado. El organismo federal continuará colaborando con la Fiscalía local.

En ese marco, la imputación contra el abogado, el colombiano y el venezolano, se basa en el artículo 145 bis del Código Penal, el que castiga con prisión de 4 a 8 años al que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación”. La figura se agrava de 5 a 10 años cuando “mediante una situación de vulnerabilidad”, hubiese tres o más víctimas y en el delito participaran tres o más personas. Y se endurece aún más “cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas”, con penas que van de 8 a 12 años de cárcel.

Toda esa calificación recayó contra De La Fuente y los otros dos detenidos, lo que se verá si se confirma en todo o en parte con el avance de la investigación.

De La Fuente es un reconocido penalista local, que ha intervenido en distintos juicios, como la defensa de imputados vinculados a causas de drogas y, la más reciente y resonante, la de los policías federales procesados por el robo de 20 millones de pesos a un camionero. Ha sido una constante su inscripción en los concursos del Consejo de la Magistratura para ocupar cargos judiciales. De hecho, en el último está en una de las ternas de uno de los cargos de defensor Oficial.