La ejecución del ambicioso plan de obras públicas impulsado por el gobernador Marcelo Orrego podría traducirse en la creación de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo en San Juan, según estimaciones oficiales. El impacto sobre el empleo se presenta como uno de los principales argumentos del Ejecutivo para respaldar el proyecto de financiamiento que será analizado por la Legislatura en los próximos días.
El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, destacó que la puesta en marcha de las iniciativas previstas no solo permitirá mejorar la infraestructura provincial, sino también dinamizar la economía local mediante la generación de mano de obra directa e indirecta.
El programa contempla inversiones en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo de la provincia, entre ellas vivienda, infraestructura vial, obras hídricas, saneamiento y energía. Se trata de proyectos que demandarán una importante participación de empresas constructoras, proveedores, profesionales y trabajadores vinculados al sector.
Uno de los ejes centrales del plan es la política habitacional. La propuesta prevé la construcción de 30 nuevos barrios distribuidos en distintos puntos de la provincia. En una primera etapa, cada urbanización contará con unas 50 viviendas, lo que representa una base superior a las 1.500 unidades habitacionales, aunque con posibilidades de expansión futura gracias a la infraestructura proyectada.
A ello se sumará la reactivación de las operatorias individuales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), destinadas a familias que ya poseen terrenos y requieren financiamiento para construir. El esquema contempla el otorgamiento de 1.000 créditos para impulsar la construcción particular y ampliar las alternativas de acceso a la vivienda.
Desde el Gobierno sostienen que el impacto económico de estas medidas excede la construcción de viviendas, ya que moviliza una amplia cadena de actividades relacionadas con la producción de materiales, servicios técnicos, transporte y comercio.
Otro de los puntos destacados por el Ejecutivo es que los recursos serán administrados directamente por la Provincia, lo que permitiría acelerar los procesos de contratación y ejecución, evitando demoras vinculadas a transferencias o autorizaciones externas.
La estrategia oficial combina la respuesta a necesidades históricas en materia de infraestructura con la preparación de obras consideradas clave para acompañar el crecimiento económico esperado en los próximos años, particularmente por el desarrollo de grandes proyectos mineros.
En ese escenario, la generación de miles de empleos aparece como uno de los beneficios más relevantes que el Gobierno busca poner sobre la mesa durante el debate legislativo del mecanismo de financiamiento, cuya aprobación será determinante para avanzar con el paquete de obras previsto.
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