El organismo regulador analiza la respuesta de la distribuidora durante los temporales de viento que dejaron a más de 35 mil suministros sin servicio. Las sanciones económicas serán acreditadas en futuras boletas de luz.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició una auditoría sobre el desempeño de Naturgy luego de los masivos cortes de energía registrados durante los temporales de viento que afectaron a San Juan la semana pasada. El proceso busca determinar si la empresa actuó correctamente ante la emergencia, si dispuso de las cuadrillas necesarias y si cumplió con los tiempos establecidos para la restitución del servicio.
La información fue confirmada por el gerente general del organismo, Cristian Pelusso, quien además adelantó que habrá sanciones económicas para la distribuidora y que esos montos serán acreditados a favor de los usuarios perjudicados mediante futuras facturas de energía eléctrica.
Según detalló el funcionario, el fenómeno climático provocó severos daños sobre la red de media tensión y generó un escenario crítico durante el ingreso del viento Zonda, especialmente en horas de la noche del miércoles.
En el momento más complejo de la contingencia, más de 35 mil suministros quedaron sin servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia. La mayoría de los inconvenientes estuvieron relacionados con la caída de ramas y árboles sobre las líneas de distribución, una situación recurrente en sistemas que conviven con arbolado urbano y rural.
Desde el EPRE explicaron que durante toda la emergencia se realizó un seguimiento permanente de los reclamos presentados por usuarios y de las tareas desplegadas por la empresa para restablecer el suministro.
La auditoría actualmente en marcha apunta a evaluar los tiempos de respuesta, la capacidad operativa desplegada por Naturgy y la forma en que se resolvieron las fallas más graves. Entre los aspectos bajo análisis también figura la disponibilidad de personal y recursos técnicos para enfrentar una contingencia de gran magnitud.
Pelusso señaló que la normativa vigente contempla sanciones cuando los cortes superan determinados parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión. En ese marco, explicó que existen mecanismos automáticos de penalización cuando un usuario permanece sin suministro más tiempo del permitido o cuando se excede la cantidad máxima de interrupciones admitidas durante un semestre.
El funcionario reconoció además que algunos usuarios permanecieron varias horas e incluso días sin servicio debido a daños estructurales complejos, especialmente en sectores donde hubo caída de líneas o árboles sobre el tendido eléctrico.
Los trabajos más importantes de reparación concluyeron recién el domingo, luego de que un segundo evento climático registrado el viernes por la noche volviera a provocar daños sobre la infraestructura eléctrica provincial.
Actualmente, según indicó el EPRE, no quedarían usuarios afectados por fallas de media tensión, aunque todavía podrían persistir inconvenientes puntuales en conexiones domiciliarias o acometidas particulares.
Uno de los puntos centrales del proceso tiene que ver con las compensaciones económicas para quienes sufrieron interrupciones prolongadas. Pelusso confirmó que las sanciones aplicadas a la empresa serán trasladadas directamente a los usuarios mediante créditos en las próximas facturas de luz.
El cálculo se realizará a partir del concepto técnico denominado “energía no suministrada”, que determina cuánto tiempo permaneció sin servicio cada cliente y qué volumen de energía dejó de recibir durante ese período. Desde el organismo aclararon que ese valor económico es superior al costo habitual de consumo porque se trata de una penalización prevista en la regulación eléctrica.
No obstante, las acreditaciones no serán inmediatas. El proceso administrativo deberá esperar el cierre del semestre de control de calidad, previsto para fines de junio, momento en el que se consolidarán los datos definitivos y se establecerán las compensaciones correspondientes.
Durante la entrevista radial, Pelusso también abordó el debate sobre si los cortes responden únicamente a fenómenos climáticos extremos o a posibles deficiencias en infraestructura e inversión. Si bien reconoció que la normativa contempla situaciones de “fuerza mayor” cuando las ráfagas superan determinadas velocidades, aclaró que las sanciones comienzan a aplicarse cuando las fallas se extienden más allá de los tiempos razonables de reposición.
Mientras continúa la auditoría técnica y administrativa, el servicio eléctrico provincial vuelve a quedar bajo cuestionamiento por parte de miles de usuarios afectados por los cortes registrados durante los últimos temporales.