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Uñac, Andino y una obra bajo sospecha: la causa del Gran Tulum avanza en la Justicia

La audiencia de formalización se realizará este miércoles a las 14.30 y alcanzará a 11 investigados por presuntas irregularidades en la obra. La Fiscalía expondrá los hechos bajo investigación y las conductas atribuidas a cada involucrado, mientras se define cómo participarán el senador y el diputado nacional.

14 de octubre 2026, 12:50 4 min de lectura

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tendrá este miércoles 14 de octubre una instancia clave con la audiencia de formalización prevista para las 14.30. Entre los 11 investigados se encuentran el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, cuya participación genera expectativas por su condición de legisladores con fueros parlamentarios.

Durante el procedimiento, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer los hechos que investigan, su posible calificación legal y las conductas que atribuyen a cada uno de los involucrados. La audiencia permitirá delimitar el alcance de la investigación, sin que la condición de imputado implique una declaración de culpabilidad.

Fuentes judiciales señalaron que ambos legisladores deberán comparecer, de manera presencial o virtual. La actividad parlamentaria no sería, por sí sola, un motivo suficiente para justificar una ausencia, aunque la validez de cualquier argumento deberá ser evaluada por el juez. Desde el entorno de Andino solicitaron un enlace para que el diputado participe de forma remota. En el caso de Uñac, todavía no trascendieron detalles sobre quién ejercerá su defensa ni cómo asistirá.

Una eventual incomparecencia injustificada podría derivar en nuevas decisiones judiciales. Los fueros no impiden investigar penalmente a un legislador, aunque limitan determinadas medidas que afectan su libertad. La Ley 25.320 contempla mecanismos vinculados al desafuero ante la ausencia a una declaración indagatoria, pero su aplicación en este escenario no es automática y dependerá de las decisiones procesales correspondientes.

Otro de los investigados es Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Su condición de magistrado implica un régimen de inmunidades diferente. Su abogado confirmó que estará presente en la audiencia.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia. La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, con especial atención en la compra de cañerías, los precios, la calidad de los materiales y los controles realizados durante la obra.

El proyecto recibió financiamiento parcial mediante un crédito internacional de 100 millones de dólares, pero permanece inconcluso. Los investigadores procuran establecer qué ocurrió durante el proceso de ejecución y qué responsabilidad pudo tener cada uno de los involucrados.

La lista de 11 investigados incluye, además de Uñac, Andino y Caballero, al exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; a los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós; al presidente de Krah América Latina, Gustavo Fabián Mastelono; al funcionario vinculado al proyecto Juan Sánchez; al exgerente de Obras de OSSE Francisco Javier Correa; y al exjefe del Departamento Proyectos del organismo Rolando Vicente Caruso.

Entre las defensas conocidas figuran Naser Uzair, por Ruiz y Sirerol; Fernando Castro, por Mastelono; Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu, por Correa; Guillermo Toranzo, por Andino; y Franco Montes, por Caballero.

La audiencia marcará un paso importante en el expediente, al precisar los hechos que la Fiscalía atribuye a los investigados y establecer cómo continuará el proceso. La presencia de dirigentes políticos de alcance nacional y exfuncionarios vinculados a OSSE le otorga al caso una fuerte dimensión institucional, mientras la Justicia busca determinar si existieron responsabilidades penales en una obra pública que aún no fue terminada.