La herramienta permitirá canalizar recursos públicos y privados para acelerar la implementación de políticas vinculadas a consumos problemáticos. Además, incluirá la puesta en marcha de un centro especializado en Chimbas.
El Gobierno de San Juan avanzará en la creación de un fideicomiso público destinado a financiar y ejecutar el Plan Provincial de Abordaje de Consumos Problemáticos, una iniciativa encabezada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano que busca fortalecer las acciones de prevención, asistencia y contención frente a las adicciones. La propuesta ya fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La nueva figura, denominada Fideicomiso Público de Innovación Socio-Sanitaria, permitirá reunir recursos provenientes de aportes estatales, donaciones, subsidios y acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales. También podrá administrar bienes transferidos por el Estado provincial y realizar inversiones financieras de bajo riesgo con el objetivo de preservar y potenciar los fondos disponibles para el programa.
Uno de los principales destinos de esos recursos será la adecuación y puesta en funcionamiento de un complejo ubicado en Chimbas, donde se instalará el futuro Centro Provincial de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos. El inmueble forma parte de los complejos Casa Activa que originalmente fueron impulsados por el Gobierno nacional y posteriormente transferidos a la provincia.
En paralelo, otro de esos predios, situado en Pocito, será utilizado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para el alojamiento y acompañamiento de menores de hasta 12 años bajo protección estatal.
Desde el Ejecutivo destacaron que la herramienta permitirá agilizar la ejecución de políticas públicas mediante un esquema administrativo más flexible que los mecanismos tradicionales, aunque manteniendo controles específicos. El patrimonio del fideicomiso quedará separado del patrimonio provincial y del fiduciario, lo que garantiza que los fondos no puedan ser afectados por eventuales reclamos judiciales o compromisos ajenos a los objetivos previstos.
La administración estará a cargo de Fiduciaria San Juan SAPEM, mientras que la conducción estratégica recaerá en un Comité Ejecutivo integrado por representantes de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano, Salud y Producción. Ese organismo tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las metas, controlar la gestión de los recursos y promover auditorías externas.
Según establece el contrato, la Provincia continuará asignando partidas presupuestarias específicas para sostener el programa, aunque el fideicomiso también podrá recibir aportes de terceros. Asimismo, se habilita la realización de inversiones conservadoras, entre ellas depósitos a plazo fijo, fondos comunes de inversión de bajo riesgo y títulos públicos, siempre bajo criterios de preservación del capital.
La normativa prohíbe expresamente operaciones consideradas especulativas, como la compra de acciones o instrumentos financieros de renta variable. Además, cada inversión deberá ser informada al Comité Ejecutivo en un plazo máximo de 48 horas.
Desde el Gobierno remarcaron que la transferencia de bienes al fideicomiso no implica procesos de privatización ni una cesión de responsabilidades estatales. Por el contrario, sostuvieron que la Provincia conservará el control sobre los recursos y las decisiones vinculadas a la implementación de las políticas destinadas a abordar los consumos problemáticos.