El organismo provincial endureció los controles sobre las viviendas sociales y dejó sin efecto beneficios en distintos departamentos de San Juan. Las unidades recuperadas volverán al sistema de adjudicación para ser asignadas a familias inscriptas.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanzó con un nuevo proceso de control sobre el uso de las viviendas sociales y resolvió revocar adjudicaciones, asistencias financieras y permisos de habitabilidad a beneficiarios que incumplieron las condiciones establecidas por la normativa provincial.
Las medidas fueron oficializadas mediante resoluciones dictadas durante 2026, luego de que inspecciones realizadas por el organismo detectaran diversas irregularidades contempladas como faltas graves por la Ley Provincial N° 196-A, que regula el régimen de adjudicación y permanencia en las viviendas sociales.
Los procedimientos alcanzaron inmuebles ubicados en distintos puntos de la provincia. Entre ellos figuran viviendas del barrio CGT Sector VI, en Rivadavia; del barrio AFE Sector II, en Angaco; de los conjuntos 2 y 5 de Chimbas; además de unidades habitacionales emplazadas en los barrios Caraballo, Lozano y El Chañar.
De acuerdo con el IPV, las principales causas que motivaron las revocaciones fueron el abandono de las viviendas, el alquiler o la venta de las unidades sin autorización del organismo y la acumulación de una deuda prolongada en el pago de las cuotas.
Desde el instituto recordaron que las casas adjudicadas forman parte de un programa de vivienda social y, por lo tanto, no pueden ser comercializadas ni cedidas a terceros sin la autorización correspondiente. También remarcaron que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios puede derivar en la pérdida definitiva del beneficio.
El organismo informó que todas las viviendas recuperadas volverán al circuito administrativo de evaluación para ser reasignadas a familias que integran el padrón de postulantes y cumplen con los requisitos exigidos para acceder a una solución habitacional.
Con esta política, el IPV busca reforzar los controles sobre el destino de las viviendas sociales y garantizar que los inmuebles sean ocupados por quienes realmente los necesitan y respetan las condiciones establecidas por la legislación vigente.