La tensión crece dentro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan a raíz de la demora en el pago del último incremento salarial y de las nuevas condiciones impuestas para la realización de medidas de fuerza en el transporte público. El conflicto volvió a exponer las diferencias entre el gremio, las empresas y el Gobierno provincial.
El secretario general de la UTA local, Héctor Maldonado, expresó fuertes críticas hacia las modificaciones impulsadas a nivel nacional en el marco de la reforma laboral, especialmente aquellas que consideran al transporte público como un servicio esencial. Bajo esta normativa, cualquier protesta sindical debe garantizar al menos el 75% de las frecuencias habituales.
El dirigente sostuvo que estas disposiciones reducen la capacidad de los trabajadores para reclamar mejoras salariales y laborales. “Nos quieren imponer toda la reforma laboral”, cuestionó, al tiempo que aseguró que el sector siente limitadas sus herramientas de protesta.
El malestar sindical se produce en un contexto sensible para la organización gremial. La UTA sanjuanina aún enfrenta las consecuencias del paro realizado en mayo del año pasado, cuando el Ejecutivo provincial declaró ilegal la medida y aplicó una multa superior a los 51 millones de pesos. Aquella protesta afectó gran parte del servicio de colectivos y derivó en un fuerte enfrentamiento entre el sindicato, las empresas prestatarias y el Gobierno.
Maldonado también apuntó contra la intervención oficial en los conflictos laborales. Según manifestó, el Estado no mantiene deudas con el sector, pero sí actúa para restringir los reclamos de los trabajadores cuando estos exigen mejoras consideradas legítimas por el gremio.
En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre posibles manifestaciones de choferes durante este viernes. Sin embargo, desde la conducción sindical evitarían avanzar con medidas que afecten la circulación de colectivos para no exponerse a nuevas sanciones económicas.
Por su parte, desde el Gobierno provincial mantienen prudencia y esperan una comunicación formal antes de emitir una posición pública. No obstante, fuentes oficiales deslizaron que la responsabilidad del conflicto recae sobre las empresas de transporte. Según indicaron, el último esquema de actualización tarifaria contempló el aumento del combustible, los acuerdos paritarios y otros costos operativos, además de habilitar una suba en el valor del boleto.
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