La demora en la reglamentación de la Ley de Transporte no es la única preocupación que atraviesa el sector de taxis y remises en San Juan. Los trabajadores advierten que la actividad enfrenta una combinación de factores que afecta su rentabilidad: una tarifa que consideran atrasada, la caída de la demanda y el crecimiento sostenido de las aplicaciones de transporte.
La última actualización tarifaria fue autorizada en diciembre de 2025, cuando la Secretaría de Tránsito y Transporte aprobó un incremento del 40%. Desde entonces, la bajada de bandera diurna quedó establecida en $1.386 y el valor por kilómetro recorrido en $1.010. Sin embargo, desde el sector sostienen que esos valores ya no alcanzan para cubrir los costos operativos, especialmente ante el aumento de los combustibles.
"Tendría que ser un 25% más cara, o al menos la bajada de bandera estar al precio del litro de nafta", afirmó el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Gustavo Gómez. Actualmente, un litro de nafta súper ronda los $2.200 en la provincia.
Por su parte, el titular del Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, consideró que una actualización razonable debería ubicarse entre el 30% y el 40%, aunque reconoció que una tarifa técnicamente adecuada implicaría una bajada de bandera cercana a los $3.500, un valor que consideran difícil de afrontar para los usuarios.
Si bien existe expectativa de que una revisión tarifaria pueda concretarse entre junio y julio, ambos dirigentes señalaron que hasta el momento no han mantenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte para abordar el tema.
A la situación tarifaria se suma la creciente competencia de las aplicaciones de transporte de pasajeros. Desde el sector tradicional sostienen que las plataformas ofrecen viajes con precios significativamente inferiores, lo que repercute directamente en la cantidad de pasajeros que utilizan taxis y remises.
"Están trabajando en algunos casos con una tarifa 40% más económica en comparación a la que manejamos nosotros. Es impresionante y eso impacta de lleno en la demanda", aseguró Gómez.
No obstante, aclaró que el reclamo no apunta a impedir el funcionamiento de las aplicaciones, sino a que todos los prestadores operen bajo las mismas condiciones regulatorias. "No estamos en contra de las aplicaciones. Al contrario, mientras más se abra el abanico está bien, pero lo que pedimos es que trabajen con las mismas reglas que nosotros, con carnet profesional, con permiso y seguro, no con autos particulares que no están habilitados para transportar personas", sostuvo.
La transformación del mercado también se refleja en la cantidad de trabajadores que migraron hacia las plataformas digitales. Aunque no existen datos oficiales debido a que empresas como Uber o DiDi no informan públicamente la cantidad de conductores registrados, desde el Sindicato de Peones de Taxis estiman que actualmente hay alrededor de 9.000 conductores de aplicaciones en San Juan, frente a unos 1.000 taxistas y remiseros.
Según Gómez, la cantidad de vehículos habilitados para el servicio tradicional también se redujo de manera considerable. "Reglamentariamente había 1.870 autos habilitados para prestar el servicio en San Juan. Según nuestro cálculo, ahora estamos en los 1.000 autos habilitados. Muchas de las licencias alquiladas se han devuelto y están trabajando con las aplicaciones porque no les cobran nada", explicó.
En paralelo, continúa pendiente la reglamentación de la nueva Ley de Transporte, aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2025. La intención inicial del Gobierno era ponerla en funcionamiento durante abril de este año, pero una serie de dificultades técnicas postergaron los plazos previstos.
El director de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó que la demora está vinculada a la necesidad de integrar los sistemas provinciales con la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo que permitirá verificar de manera digital la documentación obligatoria de los vehículos y conductores.
Sin precisar una fecha definitiva, desde el Gobierno trabajan con la expectativa de que la reglamentación pueda concretarse durante julio. En el sector consideran que la puesta en marcha de la normativa será clave para ordenar la actividad, mejorar los controles y establecer reglas claras para todos los actores que participan del transporte de pasajeros en la provincia.
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