La necesidad de que San Juan cuente con una Ley de Acceso a la Información Pública volvió a instalarse en la Cámara de Diputados. Los legisladores oficialistas Federico Rizo, del Bloquismo, y Enzo Cornejo, del PRO, coincidieron en que la ciudadanía debe contar con herramientas para conocer de manera directa cómo se utilizan los recursos del Estado.
El planteo tomó especial relevancia en medio de la discusión por los fondos asociados al acuerdo con Vicuña y el proyecto de financiamiento por hasta US$600 millones que impulsa la provincia. Sin embargo, ambos diputados remarcaron que una eventual legislación debería tener un alcance general y permitir el acceso a información sobre toda la administración pública, independientemente de la obra o inversión que esté bajo análisis.
Rizo cuestionó que, bajo el esquema actual, un ciudadano que quiera conocer detalles sobre una contratación, una obra o el destino de determinados fondos deba canalizar su inquietud a través de un legislador. Para el diputado bloquista, esa limitación debería quedar superada mediante una normativa que establezca mecanismos claros y accesibles para realizar pedidos de información.
El legislador sostuvo que la posibilidad de consultar, por ejemplo, qué empresa fue contratada para realizar una obra en un barrio o prestar un determinado servicio debería estar al alcance de cualquier vecino. En su opinión, una mayor transparencia también contribuiría a reducir sospechas y evitar que el acceso a los datos públicos quede condicionado por intereses o disputas políticas.
Rizo recordó además que el Bloquismo viene presentando iniciativas relacionadas con esta temática desde hace aproximadamente diez años. Según señaló, San Juan se encuentra entre las pocas provincias del país que todavía no cuenta con una legislación propia e integral en la materia.
Cornejo coincidió con el diagnóstico y consideró que la provincia necesita avanzar finalmente con una norma específica. El diputado del PRO señaló que ya hubo distintos proyectos y debates sobre el tema, aunque ninguno logró convertirse en una herramienta legislativa vigente.
Para el legislador, la futura normativa debería contemplar las particularidades actuales de San Juan y no limitarse a reproducir modelos elaborados para otros distritos. En ese sentido, vinculó el acceso a la información con la posibilidad de que los ciudadanos conozcan con mayor precisión las obras previstas, las inversiones realizadas y el destino de los recursos provinciales.
El reclamo tiene antecedentes en iniciativas impulsadas durante gestiones anteriores. La adhesión a la Ley Nacional 27.275, sancionada en 2017, fue planteada como una alternativa para establecer mecanismos que garantizaran el derecho ciudadano a solicitar información pública. La discusión también había formado parte del Acuerdo San Juan durante la administración de Sergio Uñac, aunque finalmente no se transformó en ley.
La actual gestión de Marcelo Orrego también había incluido el acceso a la información pública entre sus propuestas durante la campaña electoral de 2023. Sin embargo, la provincia continúa sin una legislación integral que permita a cualquier ciudadano requerir información a los organismos estatales bajo un procedimiento específico.
Con el nuevo planteo de Rizo y Cornejo, la discusión vuelve a quedar instalada dentro del oficialismo y en un contexto donde la transparencia en el manejo de fondos públicos adquiere especial importancia. El desafío legislativo será determinar si esta vez el reclamo logra traducirse en una ley que permita a los sanjuaninos acceder directamente a información sobre obras, contrataciones y utilización de recursos del Estado.
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