El Ejecutivo nacional habilitó a nueve provincias a administrar tramos de rutas mediante peajes, en un sistema temporal que mantiene la jurisdicción en manos del Estado.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen que habilita a San Juan y a otras ocho provincias a concesionar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública con peaje. La medida fue oficializada a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El esquema establece una delegación de funciones de carácter “limitado, temporal y revocable”, lo que permite a las provincias intervenir en la gestión de determinados corredores viales sin que ello implique la transferencia del dominio ni de la jurisdicción, que continuará bajo control del Estado nacional.
Además de San Juan, la normativa alcanza a Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, abriendo la posibilidad de implementar peajes en rutas nacionales que atraviesan esos distritos.
Según lo dispuesto, las jurisdicciones provinciales podrán asumir tareas vinculadas a la administración, mantenimiento, reparación y ampliación de los tramos que les sean asignados, siempre bajo los lineamientos establecidos por la autoridad nacional competente.
Para avanzar con el sistema, cada provincia deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se fijarán los tramos a concesionar, los plazos y los mecanismos de control. Dichos acuerdos requerirán además la aprobación de la Secretaría de Transporte.
El decreto también establece que los fondos recaudados a través de peajes deberán destinarse exclusivamente a los corredores concesionados. A su vez, se impide la integración de estos tramos en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones.
Las provincias tendrán un plazo de un año para iniciar los procesos licitatorios una vez firmados los convenios. En caso de no hacerlo, la delegación quedará sin efecto, y si una concesión finaliza, el Estado nacional retomará la administración del tramo.
La medida se apoya en distintas normativas del sistema vial vigente y fija un límite de hasta 30 años para la duración de las concesiones.