POLITICA

Rueda defendió el control institucional y avaló la investigación sobre el Acueducto Gran Tulum

El presidente del Bloquismo consideró que las denuncias vinculadas a la obra deben ser analizadas por la Justicia y sostuvo que los proyectos de gran envergadura están sujetos al escrutinio de los organismos de control.

El diputado provincial y titular del Partido Bloquista, Luis Rueda, respaldó el avance de la investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum y afirmó que resulta saludable para el sistema institucional que las denuncias sean analizadas por los organismos competentes.

El legislador señaló que las obras públicas de gran magnitud suelen estar sometidas a distintos mecanismos de control y revisión, independientemente de la gestión que las haya impulsado. En ese sentido, consideró que la intervención de la Justicia forma parte de los procedimientos habituales cuando existen cuestionamientos o planteos sobre la administración de recursos públicos.

Rueda recordó que la Cámara de Diputados ha aprobado pedidos de informes sobre diferentes temas de interés público, tanto vinculados a la actual administración provincial como a gobiernos anteriores. Entre los expedientes mencionó consultas relacionadas con acuerdos comerciales, contrataciones estatales y proyectos de infraestructura, incluido el Acueducto Gran Tulum.

Respecto de la causa en particular, sostuvo que corresponde esperar las conclusiones que surjan de la investigación y permitir que la Justicia determine si existieron responsabilidades o incumplimientos en el desarrollo de la obra.

No obstante, el dirigente expresó su confianza en la transparencia de los procedimientos aplicados durante la ejecución del proyecto. Desde su perspectiva, las decisiones adoptadas se realizaron dentro del marco administrativo correspondiente y mediante los mecanismos previstos para este tipo de contrataciones públicas.

La investigación continúa en curso y recientemente se dispuso una ampliación de los plazos procesales con el objetivo de profundizar distintas medidas probatorias incorporadas al expediente. Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis judicial a la espera de nuevas definiciones.

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