En la antesala del inicio del período legislativo en San Juan, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, expuso su posición frente a las tensiones políticas y administrativas que atraviesa el municipio, especialmente en relación con el presupuesto y la articulación institucional.
El eje del conflicto se originó tras la decisión del Concejo Deliberante de elevar su participación presupuestaria del 3% al 11%, medida que posteriormente fue vetada por el Ejecutivo municipal. En ese marco, Rodríguez sostuvo que la responsabilidad de la gestión recae en el Ejecutivo y reafirmó que las decisiones se toman desde ese ámbito junto a un equipo técnico.
Sin dejar de remarcar la importancia del equilibrio institucional, la jefa comunal indicó que la reconducción presupuestaria obligó a redefinir prioridades dentro de la administración local. Al mismo tiempo, insistió en que su gestión mantendrá el respeto por los distintos poderes, en referencia al vínculo con el Concejo.
Las declaraciones también alcanzaron al plano político departamental, donde la intendenta se refirió a su relación con el diputado Gabriel Sánchez. A partir de un proyecto de pavimentación impulsado por el legislador, Rodríguez valoró la iniciativa pero cuestionó la falta de coordinación previa con el municipio, al considerar necesario ampliar y consensuar la planificación de obras.
En paralelo, la intendenta vinculó la situación local con el escenario económico nacional, tras participar de una reunión de intendentes del Partido Justicialista en Partido Justicialista. Allí expresó su preocupación por la disminución de la coparticipación y el impacto directo que esto genera en la capacidad de gestión de los municipios.
Rodríguez advirtió que el contexto actual plantea incertidumbre en la administración de recursos y remarcó la necesidad de contar con mayor previsibilidad para planificar políticas públicas. También señaló la importancia de disponer de información clara que permita evaluar con precisión los reclamos del sector municipal.
Finalmente, la intendenta subrayó que el principal desafío de los gobiernos locales es adaptarse a un escenario de restricciones financieras, que obliga a redefinir prioridades y reforzar la coordinación política e institucional para sostener la gestión.
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