La Justicia dejó sin efecto el convenio de reparación económica tras el incumplimiento del primer pago. Los acusados regresaron al Penal de Chimbas mientras avanza la investigación por presunta estafa.
La Justicia sanjuanina revocó el acuerdo de reparación integral alcanzado en la causa Branka Motors luego de que los imputados incumplieran el primer pago comprometido con los damnificados. Como consecuencia, los acusados regresaron al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva mientras continúa la investigación penal.
La decisión fue confirmada por el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, quien sostuvo que el Ministerio Público rechazará cualquier nueva propuesta de acuerdo al considerar que quedó demostrada una “reticencia absoluta” por parte de los acusados para cumplir con la reparación económica pactada.
La audiencia se realizó luego de que la Oficina de Medidas Alternativas informara que no se había abonado la primera cuota prevista en el convenio homologado por la Justicia durante abril. Frente a esa situación, la fiscalía solicitó la revocación inmediata del acuerdo y pidió nuevamente la prisión preventiva para los imputados.
La jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, hizo lugar al planteo y ordenó que Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega regresaran al Penal de Chimbas por el plazo de cinco meses, al considerar que existen riesgos procesales y posibilidades de entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia, Heredia remarcó que el problema no se limitó únicamente a la falta de pago, sino también a la conducta posterior de los acusados. Según explicó, no hubo pedidos formales de prórroga, documentación respaldatoria ni elementos concretos que acreditaran voluntad real de cumplimiento.
La causa investiga 356 hechos vinculados al presunto delito de defraudación por engaño relacionados con la venta de motos a cientos de personas damnificadas. El acuerdo revocado contemplaba la devolución de más de 524 millones de pesos mediante un plan de pagos destinado a reparar económicamente a las víctimas.
En medio de la audiencia se vivieron momentos de fuerte tensión. Los imputados intentaron justificar el incumplimiento argumentando dificultades para conseguir financiamiento y supuestos viajes a Mendoza en busca de fondos, aunque no pudieron presentar comprobantes ni acreditaciones bancarias.
Las querellas cuestionaron duramente la situación y sostuvieron que no solo existió una presunta estafa contra los clientes de Branka Motors, sino también un “manoseo” al sistema judicial por haber alcanzado un acuerdo que finalmente no se cumplió.
Uno de los momentos que generó mayor indignación entre los damnificados ocurrió cuando uno de los acusados lanzó una frase que fue interpretada como una provocación hacia las víctimas: “Pídale a Dios que pague”.
La expresión provocó malestar entre las más de 350 personas afectadas que seguían la audiencia con expectativa de recuperar parte de sus ahorros.
Además de la continuidad de la investigación penal, la fiscalía confirmó que los bienes ofrecidos como garantía dentro del acuerdo fueron embargados y que se analiza avanzar judicialmente con la ejecución de esos inmuebles.
El expediente continuará ahora en etapa investigativa mientras la UFI reúne nuevas pruebas para determinar el grado de responsabilidad penal de los acusados. Según explicó Heredia, el delito de defraudación por engaño prevé penas de hasta seis años de prisión, aunque el concurso real de hechos podría agravar una eventual condena.
Con el acuerdo caído y los imputados nuevamente detenidos, la causa avanza hacia un posible juicio oral y público, mientras las víctimas deberán recurrir a acciones civiles para intentar recuperar el dinero perdido.