El juez de Impugnación confirmó a la magistrada que interviene en la causa y determinó que los expresidentes de Obras Sanitarias aún no tienen calidad de parte para impulsar medidas de prueba. La pesquisa continúa en etapa preliminar.
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum registró un nuevo avance luego de que la Justicia rechazara un planteo presentado por los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz. El juez de Impugnación, Eduardo Raed, confirmó la continuidad de la jueza de Garantías Mónica Lucero al frente del expediente y resolvió que los exfuncionarios aún no cuentan con la condición procesal necesaria para intervenir activamente en la causa.
La resolución desestimó la recusación presentada por la defensa de Sirerol y Ruiz, que había cuestionado la actuación de Lucero tras autorizar una prórroga de 90 días para que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales profundice la investigación. El Ministerio Público Fiscal fundamentó ese pedido en la necesidad de analizar documentación pendiente e incorporar nuevos informes antes de definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación.
El fallo también aclaró el alcance de la participación de los exresponsables de OSSE en el expediente. Si bien ambos realizaron una presentación espontánea y fueron notificados de las actuaciones, esa circunstancia solo les otorga el carácter de interesados y no los convierte en partes del proceso.
En ese sentido, Raed sostuvo que la causa permanece en una etapa preliminar y que Sirerol y Ruiz todavía no fueron formalmente imputados. Por ello, concluyó que no están habilitados para solicitar pericias, testimoniales u otras medidas de prueba, facultades reservadas a quienes poseen participación procesal plena.
El magistrado remarcó además que permitir una presentación espontánea no implica reconocer todos los derechos que la legislación otorga a las partes. En esta instancia, explicó, los interesados únicamente pueden acceder a información sobre el estado de la investigación, sin intervenir en su desarrollo.
Paralelamente, la defensa promovió otro planteo para apartar a los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales que conducen la pesquisa. Ese pedido deberá ser resuelto por el Ministerio Público Fiscal y se espera una definición en los próximos días.
La causa se inició a fines del año pasado a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar posibles irregularidades en las contrataciones vinculadas a la construcción del Acueducto Gran Tulum. Entre los hechos denunciados figuran un presunto direccionamiento de licitaciones para la provisión de caños utilizados en la obra y la eventual responsabilidad de exfuncionarios de la gestión provincial 2019-2023.
Con la decisión de Raed, la investigación continuará bajo la conducción de la Fiscalía, que deberá completar la recolección y el análisis de las pruebas antes de resolver si corresponde avanzar con la formalización de imputaciones.