San Juan entrará este sábado 5 de septiembre en una nueva etapa en materia de Justicia Penal Juvenil, con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen para adolescentes de 14 años en adelante. La aplicación de la norma demandará no solo ajustes en el ámbito judicial, sino también recursos y dispositivos que permitan cumplir con las medidas previstas.
El juez penal de Niñez y Adolescencia, Jorge Toro, señaló que uno de los principales desafíos será garantizar que el nuevo esquema pueda funcionar de manera integral. En particular, remarcó la necesidad de que el Poder Ejecutivo acompañe la implementación con infraestructura, equipos profesionales y herramientas destinadas al seguimiento de los adolescentes.
Uno de los cambios centrales será la incorporación de la figura del supervisor, encargado de acompañar al joven durante el cumplimiento de las medidas, controlar su evolución y trabajar en coordinación con su familia, la escuela y el entorno social. La regulación concreta de esta figura quedará en manos de cada jurisdicción.
Toro también planteó interrogantes sobre el grado de adecuación de los dispositivos existentes, entre ellos el Instituto Nazario Benavides, frente a las nuevas exigencias. La implementación del régimen deberá contemplar además alternativas a la privación de libertad, ya que el nuevo sistema establece distintas medidas y condiciones específicas para disponer el encierro.
Para el magistrado, la finalidad del régimen debe estar puesta en la resocialización y en evitar que los adolescentes vuelvan a involucrarse en hechos delictivos. En esa línea, consideró necesario fortalecer las estrategias vinculadas con la educación, el abordaje de consumos problemáticos y el acompañamiento territorial.
Según los datos mencionados por Toro, los adolescentes representan menos del 2% de los delitos registrados en la provincia y la reiteración de hechos se concentra en un grupo reducido. Ese escenario, sostuvo, vuelve especialmente relevante el trabajo de seguimiento y reinserción sobre quienes presentan mayor riesgo de reincidencia.
La nueva legislación comenzará a aplicarse 180 días después de su publicación oficial y también contempla la adecuación de los sistemas procesales provinciales. Para San Juan, el inicio del régimen abre así un proceso de adaptación que excederá a los tribunales y pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre la Justicia y los organismos encargados de la asistencia y protección de adolescentes.
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