La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obligará a San Juan a realizar una adaptación transitoria de su sistema judicial. Ante la falta de un Código Procesal Penal Juvenil acorde con el modelo acusatorio que contempla la legislación nacional, la Corte de Justicia trabaja en una reglamentación provisoria que permita comenzar a aplicar la nueva normativa desde el próximo 5 de septiembre.
El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, explicó que actualmente la provincia cuenta con un esquema procesal juvenil basado en un sistema inquisitivo mixto, en el que el juez tiene un rol central durante la investigación. El nuevo régimen nacional, en cambio, fue diseñado bajo una lógica acusatoria, con una distribución diferente de las funciones entre jueces y fiscales.
La intención del máximo tribunal provincial es establecer un mecanismo de transición que permita compatibilizar ambos sistemas hasta que San Juan sancione una normativa procesal propia que contemple plenamente el modelo acusatorio para adolescentes. El proyecto de un nuevo código, según indicó Olivares Yapur, se encuentra actualmente bajo análisis.
La nueva legislación reducirá a 14 años la edad de imputabilidad para los casos contemplados por la norma e incorporará al sistema penal juvenil a adolescentes de 14 y 15 años. Sin embargo, desde la Corte remarcaron que esto no significa que una persona de esas edades vaya automáticamente a prisión ante una imputación.
El régimen establece que la privación de la libertad debe utilizarse como última alternativa y contempla medidas socioeducativas, mecanismos alternativos para resolver conflictos y herramientas vinculadas con la justicia restaurativa.
Además de la adaptación judicial, la puesta en marcha del nuevo régimen plantea una cuestión concreta: la provincia deberá contar con un espacio específico para alojar a los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad.
La normativa establece que los menores no pueden ser derivados al Servicio Penitenciario de Chimbas junto con la población adulta. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Corte, actualmente San Juan no dispone de una instalación con esas características.
La resolución de esa situación corresponde al Poder Ejecutivo, que analiza alternativas para disponer de un espacio adecuado. Mientras tanto, el Poder Judicial concentrará sus esfuerzos en adaptar el funcionamiento de los tribunales y preparar a los operadores que deberán intervenir en los nuevos procesos.
La transición también requerirá coordinación con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, además de las capacitaciones que ya se vienen desarrollando para jueces y demás actores vinculados con el sistema de responsabilidad penal adolescente y juvenil.
Así, San Juan llegará al 5 de septiembre con una solución judicial provisoria para poner en marcha la nueva legislación, mientras queda pendiente la adecuación definitiva del procedimiento provincial y la creación de la infraestructura necesaria para cumplir con las nuevas exigencias.
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