La Fiscalía desestimó la acusación por presunto prevaricato presentada por los extitulares de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz. También quedó firme el rechazo al intento de apartar a los fiscales de la UFI Delitos Especiales.
La investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía desestimó la denuncia penal presentada por los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, contra la jueza de Garantías Mónica Lucero, al considerar que no existen elementos que permitan sostener la posible comisión del delito de prevaricato. De esta manera, la magistrada continuará al frente de las actuaciones vinculadas a la causa.
La denuncia había sido impulsada por ambos exfuncionarios, representados por el abogado Nasser Uzair, luego de que Lucero autorizara una prórroga de 90 días para que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales continúe con la investigación preliminar sobre el Acueducto Gran Tulum.
El fiscal Adolfo Díaz fue el encargado de analizar la presentación y concluyó que los hechos denunciados no configuran un delito que justifique la apertura de una investigación penal preparatoria. En su dictamen sostuvo que no surge siquiera una apariencia de ilicitud y remarcó que el Ministerio Público Fiscal no tiene competencia para revisar el contenido de las resoluciones judiciales, sino únicamente para investigar conductas que constituyan delitos.
Además, señaló que la legalidad de una decisión judicial solo puede ser evaluada por un tribunal superior y no mediante una denuncia penal basada únicamente en el desacuerdo con lo resuelto por un juez. Con esos fundamentos, dispuso desestimar la denuncia y archivar las actuaciones.
La presentación contra Lucero se originó tras una serie de resoluciones adoptadas durante la investigación. La jueza había autorizado la extensión del plazo de la pesquisa luego de una audiencia en la que previamente ordenó notificar a Sirerol y Ruiz. Posteriormente, rechazó un pedido de la defensa para incorporarlos como parte del expediente al considerar que, hasta el momento, ninguno de los dos reviste la calidad de imputado ni de investigado formal, ya que la Fiscalía todavía intenta determinar si existieron delitos en la ejecución de la obra.
Tras ese revés, la defensa no solo solicitó apartar a la magistrada, sino que también recusó a todos los fiscales de la UFI Delitos Especiales. Ese planteo fue declarado inadmisible por el fiscal coordinador Roberto Ginberg, quien confirmó que Adolfo Díaz debía continuar interviniendo en el análisis de la denuncia contra la jueza.
La causa por el Acueducto Gran Tulum comenzó a fines del año pasado a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien pidió investigar presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas con la megaobra y la eventual responsabilidad penal de funcionarios que integraron la gestión provincial entre 2019 y 2023. Hasta el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar si existieron hechos delictivos.