El Gobierno de San Juan confirmó la expulsión del maestro Pablo Nievas, luego de desestimar un recurso de reconsideración presentado contra la sanción. Un sumario administrativo concluyó que utilizó al menos diez certificados médicos con irregularidades para justificar inasistencias entre 2021 y 2022.
La cesantía del docente Pablo Nievas quedó firme luego de que el Gobierno provincial rechazara el recurso de reconsideración con el que intentó revertir la sanción impuesta por el Ministerio de Educación. La decisión se basó en un sumario administrativo que determinó que el maestro presentó al menos diez certificados médicos adulterados para justificar ausencias durante 2021 y 2022, conducta que fue considerada una falta grave.
La resolución que confirmó el desplazamiento trascendió en las últimas horas, aunque el decreto había sido firmado meses atrás. En el expediente, los organismos jurídicos del Ejecutivo ratificaron que existían elementos suficientes para sostener la sanción disciplinaria aplicada al docente.
La investigación se inició en agosto de 2022, luego de que las directoras de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, ambas de Pocito, detectaran inconsistencias en una carta médica presentada por Nievas. A partir de esa denuncia se dio intervención a la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, que informó que el docente no tenía licencias aprobadas desde 2021 y que la documentación remitida presentaba irregularidades.
La auditoría determinó que los certificados no habían sido emitidos ni validados por el organismo competente y que existían anomalías en su contenido, formato y autenticidad. Además, el expediente señala que durante 2021 habían sido rechazadas tres solicitudes de licencia y que no había registros de pedidos por internación o intervención de una Junta Médica.
Con esos antecedentes, la instrucción sumarial atribuyó al docente un incumplimiento reiterado de sus deberes funcionales por la adulteración de certificados médicos. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, dispuso la cesantía el 27 de junio de 2025.
Posteriormente, Nievas solicitó que la medida fuera revisada. En su presentación sostuvo que la sanción era desproporcionada y argumentó que las observaciones sobre los certificados podían haberse subsanado mediante una consulta al profesional que los había emitido.
Sin embargo, tanto la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos como la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad rechazaron esos planteos. Los dictámenes sostuvieron que corresponde al agente presentar documentación válida para acceder a una licencia y que la Administración no tiene la obligación de corregir deficiencias en los certificados aportados.
Los servicios jurídicos también interpretaron que el propio descargo del docente evidenciaba un reconocimiento de las irregularidades al ofrecer la devolución de los días de licencia cuestionados. Con ese análisis concluyeron que la conducta se reiteró en el tiempo, agravando su responsabilidad y justificando la aplicación de la máxima sanción disciplinaria prevista para el caso.