La suspensión del transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta de Casposo generó un fuerte cuestionamiento por parte de los proveedores mineros de San Juan. Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), apuntó contra Challenger Gold por la falta de comunicación con las empresas locales y advirtió que varias pymes quedaron con camiones inmovilizados y compromisos económicos difíciles de afrontar.
En diálogo radial, Godoy sostuvo que la previsibilidad resulta fundamental para pequeñas y medianas empresas que realizan grandes inversiones para cumplir con contratos mineros. Según explicó, la compra de camiones puede representar desembolsos de entre US$200.000 y US$250.000 o incluso más, muchas veces financiados en función de acuerdos comerciales que luego pueden modificarse.
El dirigente cuestionó especialmente que los proveedores no hayan sido advertidos con suficiente anticipación sobre el cambio en el esquema de transporte. Desde su perspectiva, una comunicación previa habría permitido a las empresas reorganizar sus inversiones, sus obligaciones financieras y la estructura laboral vinculada a los servicios contratados.
Godoy también planteó lo que considera una asimetría en el trato entre las operadoras y los proveedores. Señaló que las empresas locales deben responder ante cualquier incumplimiento o modificación del servicio, mientras que las decisiones de las compañías mineras pueden generar consecuencias económicas importantes sin que exista, a su entender, un mecanismo equivalente de protección para quienes realizan las inversiones.
En ese sentido, remarcó que Caprimsa viene intentando establecer un canal de diálogo con las operadoras, aunque aseguró que las respuestas obtenidas hasta ahora fueron insuficientes. Para el dirigente, la falta de comunicación constituye un problema recurrente y no solamente una situación puntual vinculada con Hualilán.
A partir de esta situación, Godoy volvió a reclamar un papel más activo del Estado provincial como articulador entre las compañías mineras y las empresas locales. Consideró que la Provincia debería generar ámbitos formales de diálogo para anticipar conflictos y garantizar que el desarrollo de la actividad tenga un impacto positivo sobre el entramado productivo sanjuanino.
El titular de Caprimsa también puso en duda que la Ley de Desarrollo Local Minero alcance por sí sola para evitar situaciones de este tipo. Si bien reconoció que la normativa puede mejorar las condiciones para los proveedores, sostuvo que no constituye una protección absoluta frente a cambios contractuales o decisiones empresariales.
Como ejemplo, mencionó las exigencias de algunas licitaciones vinculadas al proyecto Vicuña, donde se solicita que los vehículos destinados al transporte sean nuevos. Según planteó, ese tipo de requisitos obliga a las empresas proveedoras a realizar inversiones importantes antes de comenzar a prestar el servicio, mientras que la eventual interrupción del contrato deja abierta la pregunta sobre quién absorbe el costo de esas inversiones.
El reclamo de Godoy apunta así a una problemática que excede el caso puntual de Challenger Gold: cómo garantizar previsibilidad para las pymes sanjuaninas que invierten para insertarse en la actividad minera.
Mientras las grandes operaciones continúan proyectando su actividad en la provincia, el dirigente advirtió que detrás de cada contrato existen empresas que deben afrontar cuotas, salarios, impuestos, mantenimiento y otros costos fijos. Para Caprimsa, el desafío es lograr que esas compañías no queden expuestas a decisiones repentinas que puedan comprometer su continuidad económica.
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