El ex juez de Cámara Pascual Alferillo cuestionó la normativa provincial por equiparar las avenidas con las semiautopistas y señaló que esa interpretación puede generar confusiones entre los conductores y problemas al momento de determinar responsabilidades.
La circulación por una avenida no implica automáticamente tener prioridad de paso, una cuestión que, según el ex juez de Cámara Pascual Alferillo, puede generar interpretaciones equivocadas entre los conductores sanjuaninos debido a la forma en que está redactada la reglamentación provincial.
Alferillo puso el foco en la normativa que establece excepciones a la regla general de prioridad y advirtió que la legislación provincial coloca en un mismo plano a las avenidas y las semiautopistas, pese a que se trata de vías con características diferentes. Esta equiparación, sostuvo, puede llevar a considerar que una arteria de mayor tamaño siempre tiene preferencia frente a una calle.
El ex magistrado remarcó que la prioridad de paso debe interpretarse de acuerdo con las reglas establecidas por la legislación y no en función de la importancia que los conductores atribuyan visualmente a una calle. Por eso, ante un cruce en el que no corresponde la prioridad, la conducta indicada es reducir la marcha, detenerse cuando sea necesario y permitir el paso al vehículo que corresponda.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Entre Ríos, donde, a su criterio, no alcanza con identificar cuál de las dos arterias es considerada una avenida para establecer quién tiene derecho a avanzar primero. La determinación debe hacerse a partir de las normas vigentes.
La misma lógica se aplica a las rotondas, donde la prioridad corresponde al vehículo que ya se encuentra circulando dentro de ella, una regla que también suele generar dudas y maniobras incorrectas.
Alferillo planteó además que la falta de criterios uniformes no constituye únicamente un problema de seguridad vial. Una interpretación errónea de las normas puede terminar influyendo en la determinación de responsabilidades después de un siniestro y derivar en conflictos judiciales.
Por eso, consideró necesario que las reglas sean claras y se apliquen de manera uniforme para evitar que las denominaciones habituales de las calles o su tamaño terminen modificando una prioridad que debe surgir de la legislación.