Las familias buscan una respuesta frente al impacto de las medidas de fuerza sobre el calendario escolar. Los abogados Mariano Domínguez y Saavedra estudian presentar un amparo u otra acción judicial para reclamar por la continuidad de las clases.
El conflicto por las medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) podría sumar un nuevo capítulo en los tribunales. Un grupo de padres de alumnos resolvió avanzar con una estrategia judicial y puso su representación en manos de los abogados Mariano Domínguez y Saavedra.
Los letrados analizan distintas alternativas para formalizar el reclamo, entre ellas la presentación de un amparo ante la Justicia Federal. El planteo estaría centrado en el impacto que la suspensión reiterada de actividades tiene sobre el derecho a la educación de los estudiantes y sobre el normal desarrollo del ciclo lectivo.
La situación plantea un escenario complejo debido a que confluyen dos derechos constitucionales: por un lado, la facultad de los trabajadores de realizar medidas de fuerza y, por otro, el acceso a la educación de los alumnos. Desde la representación legal de las familias sostienen que ambos derechos deben ser compatibilizados para evitar que el ejercicio de uno termine afectando de manera desproporcionada al otro.
Uno de los elementos que será analizado por los abogados es el nuevo marco normativo que considera a la educación como un servicio de importancia trascendental y establece determinados niveles mínimos de prestación durante las huelgas. Según explicó Domínguez, la referencia a un piso del 75% de actividad podría formar parte de los argumentos del eventual planteo.
La jurisdicción también condiciona el camino judicial. Al tratarse de establecimientos que dependen de la UNSJ, cualquier presentación vinculada con el funcionamiento de las instituciones deberá realizarse ante la Justicia Federal.
Por ahora, los abogados se encuentran recopilando antecedentes y documentación para determinar cuál es la herramienta jurídica más adecuada. Además, evaluarán la cantidad de jornadas que fueron afectadas por las medidas de fuerza y el efecto que tuvieron sobre el calendario académico.
La intención de las familias es definir el próximo paso en el corto plazo. El objetivo central será evitar que la continuidad del conflicto termine profundizando la pérdida de días de clase y genere mayores dificultades para completar los contenidos previstos para el año escolar.