Defensorías del pueblo de distintas provincias, incluida San Juan, alertaron por posibles dificultades en la aplicación del derecho al pasaje sin costo tras la eliminación de compensaciones a empresas de larga distancia.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte de larga distancia generó preocupación en defensorías del pueblo de varias provincias, que advirtieron sobre posibles impactos en la aplicación del derecho al traslado gratuito para personas con discapacidad.
En San Juan, la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, confirmó que junto a otros organismos del país se solicitarán informes ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para exigir garantías sobre el cumplimiento de la normativa vigente y la continuidad del beneficio.
La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026, que dejó sin efecto el esquema de subsidios que las empresas recibían desde 2018. Sin embargo, desde la Defensoría aclararon que el derecho al pasaje gratuito no se ve modificado, ya que se encuentra amparado por la Ley Nacional 22.431.
En ese sentido, Peñaloza remarcó que las empresas continúan obligadas a otorgar los pasajes gratuitos tanto a personas con discapacidad como a sus acompañantes, cuando así lo establece la normativa.
No obstante, el organismo expresó su preocupación por el impacto que la eliminación de los subsidios podría tener en la práctica. Según advirtieron, algunas cámaras del sector ya manifestaron dificultades para sostener el sistema sin asistencia estatal, lo que podría derivar en restricciones de cupos, mayores trabas administrativas o eventuales negativas en la emisión de pasajes.
Desde la Defensoría alertaron sobre el riesgo de un posible “vaciamiento del derecho”, especialmente en provincias del interior como San Juan, donde el transporte de larga distancia resulta clave para el acceso a tratamientos médicos, estudios y derivaciones sanitarias.
En conjunto con la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se prevén presentaciones formales ante la CNRT para conocer qué mecanismos de control se implementarán para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
Además, no se descartan acciones administrativas o judiciales en caso de que se verifiquen incumplimientos, con el objetivo de resguardar los derechos de las personas con discapacidad frente a los cambios en el esquema de financiamiento.
Desde los organismos remarcaron que el transporte interurbano y de larga distancia cumple una función social esencial, y que las obligaciones de gratuidad no constituyen un beneficio para las empresas, sino una herramienta de inclusión y acceso igualitario a derechos fundamentales.