El organismo analiza medidas para recuperar ingresos y sostener los planes habitacionales. Buscan distinguir entre familias con dificultades económicas y quienes incumplen pese a poder pagar.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) enfrenta un escenario complejo debido al elevado nivel de morosidad en el pago de cuotas, que alcanza aproximadamente al 50% de los adjudicatarios. La situación genera inquietud en el organismo, ya que compromete su capacidad financiera para impulsar nuevos desarrollos habitacionales y sostener los ya proyectados.
La titular del IPV, Elina Peralta, confirmó el dato y explicó que el incumplimiento presenta variaciones a lo largo del año, con picos en momentos específicos en los que las familias priorizan otros gastos. Sin embargo, remarcó que el problema no responde a una única causa, sino que refleja distintas realidades entre los beneficiarios.
Desde el instituto advierten que, si bien existe un grupo de familias que atraviesa dificultades económicas genuinas, también hay adjudicatarios que no mantienen sus pagos al día pese a contar con los recursos necesarios. Este diagnóstico llevó al organismo a replantear su estrategia de control y recaudación.
En ese marco, el IPV trabaja en la implementación de nuevas herramientas administrativas para ordenar el padrón de deudores y avanzar con acciones más focalizadas. La idea es analizar cada caso en particular y aplicar medidas de intimación en aquellos donde se detecte capacidad de pago, mientras se contemplan situaciones de vulnerabilidad.
A la problemática de la morosidad se suma la complejidad derivada de los distintos esquemas de financiamiento vigentes. Existen viviendas adjudicadas antes de 2018 con cuotas de bajo valor nominal, donde se registran deudas históricas de escasa cuantía. En contraste, los planes más recientes están vinculados a la evolución salarial, lo que implica montos variables y una dinámica diferente en la administración de pagos.
Pese a este contexto, el organismo mantiene su meta de entrega de viviendas para 2026, con un piso estimado de 1.500 unidades. En ese sentido, mejorar los niveles de cobro se presenta como un elemento central para garantizar la continuidad de las obras y el acceso a nuevas soluciones habitacionales en la provincia.