El Concejo Deliberante de Calingasta tratará en su próxima sesión un proyecto de ordenanza para manifestar el rechazo institucional del departamento a la iniciativa nacional que propone modificar el régimen de tierras rurales. La propuesta surgió a partir de un proyecto presentado por el vicepresidente del cuerpo, Sebastián Ramos, al que posteriormente se sumó una iniciativa del Ejecutivo municipal con el mismo objetivo.
Según explicó el edil, ambas presentaciones serán unificadas para fijar una posición oficial del municipio frente a una reforma que, a su entender, vulnera el federalismo al reducir las facultades de las provincias sobre el manejo de sus recursos y facilitar el acceso de capitales extranjeros a tierras consideradas estratégicas.
Ramos sostuvo que el proyecto resulta incompatible con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En ese sentido, afirmó que la modificación del régimen podría tener impacto sobre el ordenamiento territorial, el control de zonas de frontera y la administración de recursos como el agua.
El concejal indicó además que la postura de Calingasta coincide con la expresada por otros departamentos, entre ellos Jáchal, cuyos representantes también se pronunciaron en contra de la iniciativa que se debate en el Congreso.
Uno de los principales argumentos del rechazo está vinculado con la situación particular del departamento. Ramos aseguró que, de acuerdo con información del Observatorio de Tierras, Calingasta ya supera el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras previsto por la legislación vigente, mientras que el proyecto nacional propone elevar ese porcentaje al 25%. Según planteó, gran parte de esas superficies se encuentran sobre zonas de alto valor estratégico por sus recursos hídricos, agrícolas y mineros.
El edil también consideró que la llegada de inversiones no depende de flexibilizar la normativa sobre tierras rurales y sostuvo que herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya ofrecen condiciones suficientes para atraer capitales sin modificar el esquema de protección vigente.
Aunque reconoció que una ordenanza municipal no puede impedir la aplicación de una eventual ley nacional, Ramos adelantó que, si la reforma es sancionada por el Congreso, impulsará junto al Ejecutivo de Calingasta y otros municipios una presentación judicial para solicitar que se declare su inconstitucionalidad.
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