La construcción de una nueva etapa del campamento minero fue asignada a empresas extranjeras por US$52 millones. Cámaras empresarias cuestionaron la decisión y advirtieron sobre la pérdida de empleo y oportunidades para proveedores locales.
La adjudicación de una obra vinculada al desarrollo del proyecto minero Vicuña generó fuertes cuestionamientos en sectores empresariales de San Juan. La compañía resolvió otorgar la construcción de la segunda etapa del campamento Batidero a un consorcio integrado por las firmas PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA S.A., una decisión que despertó críticas por el escaso impacto que tendría sobre la industria local.
La obra contempla la incorporación de 2.500 nuevas plazas de alojamiento para trabajadores que participarán en las etapas de construcción y operación del emprendimiento minero ubicado en la cordillera sanjuanina. La propuesta adjudicada alcanzó los 52 millones de dólares y se impuso sobre otras alternativas presentadas durante el proceso de selección.
La noticia generó malestar entre empresarios vinculados a la construcción modular, quienes señalaron que una inversión de estas características podría haber impulsado una importante actividad económica dentro de la provincia. Desde el sector sostienen que la fabricación local de los módulos habitacionales habría permitido movilizar cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, además de beneficiar a una amplia red de proveedores.
Las críticas también fueron expresadas por representantes de entidades empresariales vinculadas a la actividad minera. Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), cuestionó la elección de las empresas adjudicatarias y manifestó preocupación por el impacto que la medida tendrá sobre el empleo local y el fortalecimiento de la cadena de valor provincial.
Uno de los aspectos más observados por los proveedores es que gran parte de los módulos habitacionales serían fabricados en China para luego ser trasladados a San Juan. De concretarse ese esquema, la participación de empresas argentinas quedaría concentrada principalmente en trabajos complementarios como movimiento de suelos, fundaciones, logística y montaje final.
Desde Vicuña explicaron que la selección respondió a una evaluación integral en la que se ponderaron aspectos técnicos, estándares de seguridad, capacidad de ejecución, plazos de entrega y costos. Además, remarcaron que la operación mantiene una elevada participación de mano de obra argentina y sanjuanina dentro de sus actividades actuales.
No obstante, referentes del sector constructor consideran que la decisión representa una oportunidad perdida para consolidar capacidades industriales nacionales en torno a uno de los emprendimientos mineros más importantes del país. Advierten que buena parte del valor agregado y del empleo asociado a este tipo de proyectos se genera precisamente durante la fabricación de los módulos, una etapa que se desarrollará fuera de Argentina.
La controversia surge en un momento clave para Vicuña, el distrito minero impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP, que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol. La iniciativa es considerada una de las mayores apuestas cupríferas del mundo y prevé inversiones estimadas en 18.000 millones de dólares.
De acuerdo con los planes de desarrollo difundidos por las empresas, la primera etapa demandará alrededor de 7.000 millones de dólares destinados a la construcción y puesta en marcha de Josemaría hacia el final de la década. Posteriormente avanzará la integración del distrito minero completo, con una producción proyectada cercana a las 400.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros 25 años de operación.