La diputada nacional consideró necesario fortalecer la capacidad de defensa y proteger los recursos naturales, aunque pidió conocer primero el monto, las condiciones y el destino de los créditos previstos en el Presupuesto 2027.
La diputada nacional Nancy Picón manifestó su respaldo general a fortalecer el equipamiento de las Fuerzas Armadas, aunque evitó anticipar su acompañamiento a las operaciones de financiamiento contempladas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. La legisladora planteó que antes de definir su posición necesita conocer en detalle los costos, las condiciones de los créditos y el destino de los recursos.
La discusión está vinculada con una autorización incluida en el proyecto presupuestario para que el Poder Ejecutivo gestione créditos por hasta US$3.500 millones destinados a la Armada Argentina. De ese monto, US$2.300 millones estarían orientados a la adquisición de tres submarinos convencionales, mientras que otros US$1.200 millones corresponderían a dos fragatas multimisión.
Picón aclaró que la autorización presupuestaria no implica que esas operaciones de compra y financiamiento ya estén concretadas. Su eventual ejecución quedará sujeta a las instancias legislativas correspondientes y a las negociaciones que posteriormente realice el Gobierno nacional.
En ese contexto, la diputada señaló que pretende analizar las características de cada operación antes de fijar una postura definitiva. El punto central de su planteo está puesto en determinar cuánto deberá afrontar el Estado, bajo qué condiciones se tomaría la deuda y cuál será específicamente el destino de los fondos.
Más allá de esas condiciones, Picón expresó una posición favorable respecto de la necesidad de contar con Fuerzas Armadas con capacidad operativa y equipamiento adecuado. Vinculó esa inversión con las tareas de defensa, la protección de la soberanía y el resguardo de los recursos naturales del país.
La legisladora sostuvo así que el fortalecimiento de la estructura militar puede resultar necesario, pero diferenció esa definición general de su eventual respaldo a una operación financiera concreta. Para ello, consideró indispensable evaluar previamente el impacto económico de los créditos y las características de las adquisiciones previstas.
El proyecto establece además un período mínimo de amortización de tres años para las operaciones contempladas. La autorización deberá atravesar las instancias legislativas correspondientes antes de que puedan avanzar las operaciones de financiamiento.
De esta manera, Picón dejó abierta su posición sobre el esquema previsto para la Armada y condicionó una eventual aprobación a que el Congreso pueda conocer con precisión los compromisos económicos que implicaría el plan de reequipamiento.