El presidente de la Junta Departamental del PJ en Rivadavia se pronunció sobre el debate abierto en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que la continuidad de un dirigente debe quedar en manos del electorado. También remarcó que cada distrito tiene su propia legislación electoral.
El debate sobre las reelecciones indefinidas de intendentes, reactivado en la provincia de Buenos Aires, sumó una nueva voz desde San Juan. El presidente de la Junta Departamental del Partido Justicialista en Rivadavia, Facundo Perrone, consideró que la continuidad de un dirigente en un cargo debe ser definida por la ciudadanía a través del voto y no por una limitación establecida por ley.
El dirigente aclaró que la discusión corresponde al escenario político bonaerense y recordó que cada provincia cuenta con su propio régimen electoral. En ese sentido, marcó diferencias entre la legislación de Buenos Aires, donde la restricción fue incorporada mediante una ley, y el caso de San Juan, donde las modificaciones vinculadas a las reelecciones surgieron a partir de una enmienda constitucional.
Si bien manifestó estar de acuerdo con la alternancia en los cargos públicos, sostuvo que ese principio debe ser consecuencia de la decisión de los electores. Según planteó, la democracia se fortalece cuando los ciudadanos conservan plenamente el derecho de elegir y de ser elegidos, sin restricciones que limiten esa posibilidad.
Perrone argumentó que, si una gestión cuenta con el respaldo de la comunidad y muestra resultados, los vecinos deberían tener la facultad de decidir en las urnas si desean que continúe. A su criterio, impedir una candidatura por una prohibición legal no garantiza, por sí mismo, una mejora en la calidad democrática.
Al mismo tiempo, reconoció que existen prácticas políticas que pueden afectar el funcionamiento institucional, aunque señaló que actualmente la sociedad dispone de mayores herramientas para controlar el desempeño de los funcionarios y evaluar su gestión al momento de votar.
Finalmente, sostuvo que cualquier modificación vinculada al sistema electoral debe respetar el marco constitucional vigente y reiteró que la legitimidad de quienes ocupan cargos públicos debe surgir, en última instancia, de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.