El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la reforma de la Ley de Glaciares recientemente promulgada por el Gobierno nacional a través del Decreto 271/2026, y sostuvo que la actualización normativa permite precisar criterios técnicos y jurídicos que, según indicó, no habían podido aplicarse durante los últimos años.
Durante una actividad oficial en el marco del programa San Juan Cerca, el mandatario provincial afirmó que la modificación era necesaria para destrabar la implementación de una legislación que, según señaló, no había logrado operatividad plena por la falta de reglamentación. En ese sentido, consideró que la nueva normativa aporta definiciones más claras sobre glaciares y geoformas periglaciales, lo que permitirá delimitar con mayor precisión qué áreas deben ser objeto de protección.
Orrego destacó además que la reforma refuerza el rol de las provincias como autoridad de aplicación en la materia, particularmente en la evaluación de los impactos ambientales y en la compatibilidad entre conservación y desarrollo productivo. En ese marco, subrayó la importancia de diferenciar las zonas con función hídrica relevante de aquellas que no la tienen.
El gobernador también puso el foco en la gestión del recurso hídrico en San Juan, al describir la estructura de distribución del agua en la provincia y la alta dependencia del sector agrícola, al que se destina la mayor parte del consumo. En ese contexto, remarcó la necesidad de continuar con inversiones en infraestructura hídrica para reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema.
En relación con el marco legal, Orrego sostuvo que la reforma no implica una delegación de facultades del Estado nacional hacia las provincias, sino el reconocimiento de competencias ya establecidas en la Constitución. En ese sentido, citó el artículo 124, que otorga a las jurisdicciones provinciales el dominio de los recursos naturales.
Por otro lado, el mandatario respondió a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien había cuestionado la reforma, y afirmó que la postura sanjuanina se basa en fundamentos jurídicos consolidados y en la vigencia de acuerdos previos ratificados por el Congreso.
Finalmente, Orrego ratificó que su gestión mantendrá la defensa de los intereses provinciales frente a cualquier cuestionamiento, al tiempo que enmarcó la discusión en el desarrollo productivo y la atracción de inversiones como ejes centrales del modelo económico de San Juan.
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