El conflicto universitario volverá a afectar este martes a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un nuevo paro de 24 horas convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La medida, que alcanzará tanto a docentes como a trabajadores no docentes, profundiza una disputa que ya acumula más de 35 días sin clases y que en San Juan comenzó a trasladarse al ámbito judicial.
La huelga fue convocada en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN, por lo que el cese de actividades no se limitará al dictado de clases, sino que también afectará tareas administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva jornada de protesta se produce menos de una semana después del paro del 2 de septiembre. El conflicto se agravó luego de la reunión mantenida el día anterior entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional, que terminó sin un acuerdo capaz de destrabar la situación.
En ese encuentro, el Ministerio de Capital Humano planteó una suba del 3% para los salarios de septiembre y ratificó otro incremento del 3% para octubre. La propuesta fue rechazada por los gremios, que cuestionaron especialmente que el porcentaje correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio y, por lo tanto, no representaría una nueva recomposición.
Mientras la discusión salarial continúa sin resolución, en San Juan otro frente comienza a adquirir mayor relevancia. Un grupo de padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de la UNSJ prepara una presentación judicial para intentar garantizar que sus hijos puedan sostener el calendario escolar frente a la sucesión de medidas de fuerza.
Las familias vienen organizándose desde hace semanas y, según indicaron, mantuvieron el grupo inicial de impulsores pero recibieron nuevos aportes de otros padres para afrontar los costos de la acción. La estrategia judicial estaría a cargo de los abogados Domínguez y Saavedra, quienes deberán definir los alcances concretos del amparo.
La iniciativa generó un fuerte rechazo de ADICUS. La secretaria gremial del sindicato, Edith Liquitay, cuestionó que los padres recurran a la Justicia contra las medidas de fuerza y planteó que el reclamo debería dirigirse principalmente hacia el Gobierno nacional, al que el gremio responsabiliza por la situación presupuestaria y salarial de las universidades.
La dirigente también vinculó la iniciativa con sectores cercanos a La Libertad Avanza, aunque aclaró que no conoce personalmente a quienes impulsan la presentación. En ese sentido, sostuvo que dentro de las propias comunidades educativas existen posiciones diferentes frente al conflicto y a las medidas adoptadas por los trabajadores universitarios.
El enfrentamiento expone así dos reclamos que comienzan a superponerse: por un lado, los gremios buscan recuperar poder adquisitivo y presionar por el cumplimiento de la legislación de financiamiento; por otro, las familias reclaman que la continuidad de las clases no quede subordinada a la duración del conflicto sindical.
La disputa lleva varios meses en la UNSJ y durante agosto incluyó distintas jornadas de paro. Con la medida de este martes, el escenario vuelve a tensarse mientras no aparece una salida consensuada entre los sindicatos y el Gobierno nacional y, en paralelo, los padres de los colegios preuniversitarios avanzan hacia una instancia judicial para intentar recuperar la normalidad educativa.
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