La nueva Ley Provincial de Transporte ya se encuentra plenamente vigente en San Juan y comienza a aplicar un esquema de control que incorpora herramientas digitales para fiscalizar taxis, remises, colectivos, plataformas y servicios de transporte no regular.
Tras la publicación del Decreto Reglamentario Nº 000005-MG-2026 en el Boletín Oficial, quedó operativo el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una plataforma informática que reunirá la información de todos los actores vinculados al sistema: prestadores, conductores, vehículos y antecedentes de sanciones.
Uno de los principales cambios será la implementación del Certificado de Registración Digital, un documento obligatorio que contará con un código QR. Los inspectores y fuerzas de seguridad podrán escanearlo desde la vía pública para verificar en tiempo real si el servicio está habilitado, si cuenta con seguro vigente y si el conductor posee la licencia profesional correspondiente.
En caso de detectar diferencias entre la información registrada y la prestación efectiva del servicio, la normativa establece que la unidad podrá quedar inhabilitada de manera inmediata.
El nuevo registro también fija requisitos específicos para la incorporación de prestadores, choferes y vehículos. Las empresas y trabajadores deberán declarar sus datos personales o societarios, documentación tributaria, domicilio, modalidad de servicio, unidades afectadas y la identificación de los conductores.
En el caso de los vehículos, la inscripción exigirá información como dominio, marca, modelo y documentación que acredite la propiedad, el derecho de uso o contratos de leasing cuando corresponda.
La normativa además incorpora a los usuarios como parte del sistema de fiscalización. Las unidades del transporte público de pasajeros deberán exhibir un código QR visible que permitirá a los usuarios realizar reclamos en tiempo real sobre problemas vinculados a frecuencias, estado de las unidades o comportamiento de los conductores.
Para los servicios no regulares, como plataformas digitales y viajes contratados, la reglamentación establece la obligación de contar con sistemas de geolocalización activos durante la prestación. El objetivo es garantizar la trazabilidad de los recorridos, con información sobre origen, destino y trayectos realizados.
El incumplimiento de esta exigencia, la interrupción de la transmisión de datos o la manipulación del sistema GPS podrá derivar en la inhabilitación del servicio.
Otro de los puntos centrales de la reglamentación alcanza a las empresas de colectivos. La Autoridad de Aplicación tendrá facultades para auditar las declaraciones juradas de las concesionarias y cruzar esa información con los registros del sistema SUBE. Además, el decreto establece que la falta de pago de la Tasa Regulatoria durante tres meses consecutivos podrá derivar en la pérdida de la concesión.
La norma también contempla escenarios de emergencia en los que una empresa deje de prestar el servicio. En esos casos, el Estado provincial podrá disponer la utilización preventiva de colectivos, talleres e instalaciones para garantizar la continuidad del transporte público, ya sea mediante administración directa o a través de terceros.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la Provincia busca avanzar hacia un sistema de transporte con mayor control, trazabilidad y capacidad de respuesta ante irregularidades, apoyándose en herramientas tecnológicas para supervisar tanto a los prestadores como a las empresas concesionarias.
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