La empresa fue intimada a presentar todas las habilitaciones del terreno donde almacena materiales y transformadores. Si incumple el plazo fijado por la Justicia de Faltas, se expone a sanciones económicas que podrían superar los $15 millones e incluso a la clausura del predio.
Naturgy atraviesa una etapa decisiva en el conflicto por el predio que posee en Chimbas. Tras la nulidad del proceso anterior ordenada por la Cámara de Apelaciones de Paz, la empresa recibió una nueva intimación de la Justicia de Faltas para presentar toda la documentación que acredite la habilitación del terreno. El plazo vence en los próximos días y, de no cumplir con el requerimiento, podría afrontar una multa millonaria e incluso otras sanciones previstas en el Código de Faltas.
La causa se tramita actualmente en el Primer Juzgado de Faltas y tiene como eje un inmueble ubicado sobre avenida Benavídez, donde la distribuidora mantiene depositados distintos materiales vinculados a su actividad. El lugar fue cuestionado por el municipio, vecinos y empresas de la zona, que desde hace más de un año reclaman su saneamiento, un cierre perimetral y mejores condiciones de seguridad.
El expediente se inició a principios de 2025, cuando la Municipalidad de Chimbas denunció que el predio funcionaba sin las habilitaciones correspondientes. Entre las observaciones planteadas figuraban la falta de autorizaciones municipales, ambientales y de Bomberos, además de la preocupación por la presencia de transformadores y otros elementos considerados potencialmente peligrosos.
El caso tuvo un fuerte impacto público luego de que el entonces juez interviniente, Enrique Mattar, cuestionara abiertamente a la empresa por no ejecutar tareas de limpieza y cerramiento que habían sido ordenadas durante el proceso. Sin embargo, la compañía apeló esas decisiones y la Cámara de Apelaciones de Paz declaró la nulidad de todo lo actuado, al considerar que el expediente debía volver a tramitarse desde su inicio ante otro magistrado.
Con el nuevo juez a cargo, Naturgy fue nuevamente convocada y recibió un plazo de 30 días hábiles para acreditar la situación administrativa del predio. Según trascendió de fuentes oficiales, ese período finalizará durante la próxima semana y hasta el momento la documentación requerida no habría sido presentada en su totalidad.
Entre los certificados exigidos figuran las habilitaciones municipales, de Bomberos y de la Secretaría de Ambiente. Además, uno de los puntos que genera mayor atención es la situación de la empresa respecto del registro como generadora, operadora y transportista de residuos peligrosos, un aspecto vinculado a la presencia de transformadores y otros equipos que durante el conflicto fueron señalados por vecinos y autoridades.
Aunque la empresa había informado anteriormente que retiró los transformadores en desuso considerados residuos peligrosos, el predio continúa siendo objeto de reclamos por la acumulación de escombros y residuos, motivo por el cual el municipio sostiene su postura de exigir la regularización integral del lugar.
En caso de no cumplir con la intimación judicial, Naturgy podría ser sancionada por contravención a las normas de seguridad pública previstas en el Código de Faltas. Las multas no tienen un monto fijo, pero distintas fuentes estiman que podrían superar los 15 millones de pesos. La legislación también contempla la posibilidad de aplicar clausuras temporarias o definitivas e incluso inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de las infracciones que eventualmente determine la Justicia.