La empresa concentró la mayor cantidad de denuncias por problemas de conectividad y deberá afrontar una sanción cercana a los 30 millones de pesos. El expediente avanzará ahora hacia la etapa de ejecución.
La empresa de telecomunicaciones Movistar deberá afrontar una millonaria sanción económica luego de que avanzara el proceso iniciado por usuarios de Calingasta que denunciaron reiterados inconvenientes en los servicios de telefonía e internet. La multa fijada equivale a 20 canastas básicas y asciende actualmente a $29.395.360, convirtiéndose en la penalidad más significativa dentro del expediente impulsado por consumidores del departamento.
La medida surge a partir de una serie de reclamos presentados por vecinos afectados por problemas persistentes de conectividad. En total, el expediente reúne a 44 usuarios, de los cuales 39 corresponden a clientes de Movistar, cuatro a Claro y uno a Personal. La amplia mayoría de denuncias vinculadas a una sola empresa terminó posicionándola como la principal responsable dentro del proceso administrativo.
Con la sanción ya determinada, la causa continuará ahora en el ámbito de Fiscalía, donde se avanzará con las acciones necesarias para ejecutar la multa establecida.
Durante las audiencias desarrolladas por la Dirección de Defensa al Consumidor, las empresas alcanzadas por los reclamos no participaron de manera presencial. En cambio, optaron por remitir sus respuestas y argumentos mediante presentaciones escritas. Esa ausencia derivó en la formulación de cargos y permitió que el trámite siguiera su curso administrativo.
El conflicto no es reciente. Los antecedentes se remontan a 2022, cuando cientos de vecinos de Calingasta ya habían manifestado dificultades similares relacionadas con interrupciones del servicio, fallas de señal y problemas de comunicación. En aquel momento se registraron alrededor de 289 denuncias. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025 la situación volvió a generar nuevas presentaciones y reactivó el expediente.
Pese al monto establecido, la sanción aplicada se encuentra lejos del máximo previsto por la normativa vigente. La legislación contempla penalidades que van desde una hasta 210 canastas básicas, según la magnitud y gravedad de cada situación, por lo que el castigo impuesto representa una porción reducida del límite permitido.