La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos de San Juan tiene actualmente más de 100 denuncias por estafas digitales en trámite. Según explicó el ayudante fiscal Rodrigo Lafont, las maniobras tienen como principales víctimas a jubilados y adultos mayores y combinan engaños cada vez más sofisticados para acceder a información personal, cuentas bancarias y fondos.
Una de las modalidades más frecuentes comienza con mensajes que aparentan provenir de organismos públicos o empresas reconocidas. Los delincuentes utilizan supuestos beneficios de ANSES o PAMI, descuentos en servicios o promociones para captar la atención de las víctimas y llevarlas hacia conversaciones por WhatsApp o llamadas telefónicas.
A partir de ese contacto, los estafadores buscan obtener información sensible o inducir a la persona a instalar aplicaciones que permiten controlar el dispositivo a distancia. Entre las herramientas mencionadas por la fiscalía aparecen SupRemo y QuickSupport, cuya utilización bajo engaño puede permitir que terceros accedan al teléfono y operen sobre aplicaciones y cuentas de la víctima.
La fiscalía también detectó casos de suplantación de identidad en redes sociales. Los delincuentes crean perfiles falsos utilizando nombres e imágenes de personas conocidas y ofrecen supuestos premios, regalos o beneficios a cambio de completar formularios. Entre los casos mencionados aparece la utilización de la identidad del exintendente Fabián Gramajo.
Otra modalidad consiste en el envío de correos electrónicos que imitan comunicaciones oficiales. Lafont señaló que se detectaron mensajes que aparentaban pertenecer a ARCA y advertían sobre supuestas obligaciones o aranceles pendientes, con enlaces diseñados para conducir a sitios fraudulentos y obtener información de quienes ingresan.
Desde la UFI remarcaron que organismos como ANSES no solicitan transferencias de dinero, números de CBU, datos bancarios ni la contratación de préstamos mediante mensajes en redes sociales. Por eso, cualquier comunicación de ese tipo debe ser considerada una señal de alerta y verificada a través de los canales oficiales.
Los investigadores también advierten que identificar el origen de las comunicaciones resulta complejo, ya que los números telefónicos utilizados cambian constantemente y pueden proceder de otras provincias, como Mendoza y Córdoba, o incluso de establecimientos penitenciarios.
Ante este escenario, la recomendación principal es evitar responder llamadas o mensajes de números desconocidos, no instalar aplicaciones indicadas por personas que contactan de manera imprevista y comprobar directamente con el organismo o empresa involucrada si la comunicación es auténtica.
Quienes hayan sido víctimas de una estafa deben realizar la denuncia de manera presencial en la UFI de Delitos Informáticos, ubicada en el primer piso del edificio de Tribunales, sobre calle Rivadavia. Para facilitar la investigación, se solicita conservar y presentar capturas de pantalla, números telefónicos, correos electrónicos y cualquier otro elemento relacionado con el contacto fraudulento.
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