La morosidad todavía no alcanza niveles alarmantes entre quienes alquilan en San Juan, pero las inmobiliarias advierten por el aumento de atrasos en agua, tasas y expensas. La acumulación de obligaciones puede complicar la continuidad o rescisión de los contratos.
La presión sobre los ingresos de las familias sanjuaninas también se refleja en la forma en que afrontan sus gastos mensuales. En el caso de quienes alquilan una vivienda, el pago del alquiler continúa ocupando un lugar prioritario, mientras que otras obligaciones, principalmente servicios, tasas y expensas, comienzan a acumular atrasos.
Desde el sector inmobiliario aseguran que la morosidad de los inquilinos no llegó todavía a niveles preocupantes, pero advierten que existe una tendencia que requiere atención. El presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan, Mauricio Turell, explicó que frente a meses de dificultades económicas las familias suelen preservar el pago del alquiler por tratarse del gasto asociado directamente con el techo familiar.
Según el dirigente, las inmobiliarias suelen promover el diálogo entre propietarios e inquilinos cuando aparecen dificultades para cumplir con las fechas establecidas. La posibilidad de acordar depende, en buena medida, de los antecedentes del locatario, especialmente cuando se trata de una situación excepcional y existe una conducta previa de cumplimiento y cuidado de la propiedad.
El problema adquiere otra dimensión cuando la imposibilidad de sostener el alquiler se prolonga. En esos casos, Turell señaló que la salida prevista contractualmente es la devolución del inmueble, una alternativa que permite evitar que el conflicto avance hacia instancias judiciales y genere mayores costos para las partes.
La pérdida del empleo, una separación u otros cambios abruptos en la economía familiar aparecen entre las situaciones que pueden llevar a una persona a abandonar el alquiler. En varios de estos casos, la alternativa termina siendo regresar temporalmente a la vivienda de padres o abuelos. El fenómeno alcanza tanto a personas que habían iniciado recientemente una vida independiente como a familias más numerosas.
A diferencia de lo que ocurría algunos años atrás, otro elemento que aporta cierta previsibilidad al mercado es el comportamiento de los alquileres. Desde el sector señalan que ya no predominan los ajustes desmedidos cada pocos meses y que los inquilinos pueden anticipar mejor la evolución del valor mensual siguiendo los índices establecidos en cada contrato.
Sin embargo, esa previsibilidad en el alquiler no elimina la presión sobre el presupuesto familiar. El denominado “semáforo amarillo” aparece ahora en otras obligaciones. Entre ellas, preocupa especialmente el crecimiento de las deudas vinculadas al servicio de agua, administrado por Obras Sanitarias, que en algunos casos comienzan a acumular montos significativos.
El inconveniente no queda limitado al inquilino. Cuando un contrato finaliza y existen facturas o tasas pendientes, las deudas pueden convertirse también en un problema para el propietario. Por ese motivo, las inmobiliarias incrementaron los controles al momento de administrar los inmuebles y comenzaron a prestar mayor atención a obligaciones como servicios, tasas municipales y expensas.
Desde el sector recomiendan afrontar esos atrasos mediante planes de pago antes de que las obligaciones se acumulen. La advertencia apunta a evitar que una deuda relativamente manejable termine convirtiéndose en un obstáculo mayor cuando llegue el momento de rescindir o renovar un contrato.
El escenario muestra así una modificación en las prioridades de los hogares: el alquiler conserva su lugar entre los gastos considerados indispensables, pero ese esfuerzo puede trasladar el ajuste hacia otras cuentas. Para las inmobiliarias, el riesgo no está tanto en una ola de incumplimientos de alquileres como en la acumulación silenciosa de deudas que, si no se atienden a tiempo, pueden terminar afectando tanto al inquilino como al propietario.