Los principales gremios docentes de San Juan salieron a cuestionar la intimación cursada por la Subsecretaría de Trabajo tras el paro nacional convocado por CTERA y anticiparon que están dispuestos a llevar el conflicto a la Justicia si el Gobierno provincial avanza con sanciones. Tanto UDAP como AMET sostuvieron que la medida de fuerza tuvo una amplia adhesión y remarcaron que la autoridad competente para intervenir es el Ministerio de Trabajo de la Nación, al tratarse de una protesta de alcance nacional.
Desde AMET, el secretario adjunto Francisco Campos estimó que entre el 70% y el 75% de los docentes adhirieron al paro en la provincia. Además, confirmó que el sindicato ya presentó un recurso de reconsideración contra la intimación recibida y adelantó que solicitará la nulidad de la resolución, además de la suspensión de sus efectos, respaldándose en legislación vigente y antecedentes judiciales.
El dirigente también afirmó que, tras consultar con organizaciones sindicales de otras provincias, no encontraron antecedentes de una situación similar, por lo que consideró que San Juan fue el único distrito donde se intimó a los gremios por una medida convocada por CTERA.
Por su parte, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, aseguró que los relevamientos realizados por el sindicato reflejaron un acatamiento cercano al 98% en el nivel primario, del 95% en el secundario y del 78% en el nivel superior, donde la realización de mesas de exámenes incidió en una mayor asistencia.
La dirigente confirmó que tanto UDAP como AMET respondieron en tiempo y forma a la cédula enviada por la Subsecretaría de Trabajo, aunque rechazaron su contenido al entender que la Provincia carece de facultades para exigir garantías sobre una huelga nacional. En ese sentido, sostuvo que cualquier requerimiento debía dirigirse a CTERA y no a las entidades sindicales provinciales.
Quiroga también cuestionó la obligación de asegurar una prestación mínima del 75% durante la medida de fuerza. A su entender, ese requisito dificulta el ejercicio efectivo del derecho a huelga, ya que resulta impracticable garantizar ese nivel de funcionamiento en cada establecimiento educativo. Además, recordó que a comienzos de este año UDAP desistió de otra medida de fuerza tras recibir una notificación de características similares.
Entre los motivos que impulsaron el paro, la titular de UDAP enumeró la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, el reclamo por una actualización del salario mínimo del sector y la restitución de fondos nacionales destinados al sistema educativo. También insistió en la recuperación del FONID y del adicional por conectividad, además de reclamar mayor financiamiento para escuelas técnicas y agrotécnicas, que, según señaló, dejaron de recibir recursos nacionales para su funcionamiento.
Mientras el Gobierno provincial espera los informes oficiales para definir si hubo incumplimiento del servicio mínimo y evaluar posibles sanciones, los gremios ya dejaron en claro que defenderán su posición por la vía administrativa y, de ser necesario, también en los tribunales.
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