La nueva normativa comenzará a regir el 5 de septiembre y alcanzará a los adolescentes de 14 y 15 años. En 2025, ese grupo estuvo vinculado a 252 hechos sobre unos 1.200 delitos atribuidos a menores de 18 años, mientras que todo el delito juvenil representó menos del 2% del total provincial.
La entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil abrirá en San Juan un escenario inédito para el sistema judicial, pero las estadísticas oficiales permiten dimensionar cuál será el universo concreto alcanzado por la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al régimen de responsabilidad penal. Durante 2025, los juzgados de Menores registraron cerca de 1.200 hechos atribuidos a unas 900 personas de entre 0 y 18 años, según datos difundidos por el juez Jorge Toro.
Dentro de ese universo, 252 delitos —el 21%— fueron cometidos por adolescentes de 14 y 15 años, precisamente las edades que quedarán comprendidas por el nuevo régimen a partir del 5 de septiembre.
Sin embargo, el dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el conjunto de hechos delictivos registrados en la provincia. De acuerdo con una estimación realizada por Toro, los delitos vinculados a personas menores de 18 años representan menos del 2% del total delictivo de San Juan.
Para el magistrado, esta proporción pone en discusión la posibilidad de que la reducción de la edad de responsabilidad penal, por sí sola, produzca un impacto significativo sobre los niveles generales de seguridad. El juez consideró que el delito cometido por adolescentes constituye una porción demasiado reducida del fenómeno criminal como para explicar su comportamiento global.
Pero la discusión que se abre con la nueva ley excede la edad a partir de la cual un adolescente podrá quedar sometido a un proceso penal. La modificación también obligará a San Juan a adaptar buena parte de su estructura judicial y procesal para poder aplicar el nuevo esquema.
Toro advirtió que las normas procesales actualmente vigentes en la provincia presentan incompatibilidades con distintos aspectos de la legislación nacional. Por eso, antes de la entrada en funcionamiento del nuevo régimen será necesario introducir modificaciones que permitan utilizar plenamente las herramientas previstas para los adolescentes.
Entre ellas aparecen las denominadas medidas complementarias, que pueden acompañar una pena o utilizarse en mecanismos alternativos como la suspensión del juicio a prueba, la mediación penal juvenil o la reparación. El juez señaló que el actual procedimiento provincial no permite aplicar algunas de estas herramientas desde las primeras etapas de una investigación, como plantea el nuevo modelo.
Otro factor que podría modificar el número de causas será la manera en que Fiscalía defina la persecución penal. La nueva legislación obliga a establecer criterios respecto de qué hechos serán efectivamente perseguidos y cuáles podrán resolverse mediante mecanismos alternativos, especialmente a partir de la gravedad del delito.
En ese sentido, Toro planteó que el impacto estadístico sería limitado si se mantiene un criterio de persecución concentrado en los hechos más graves. En cambio, las cifras podrían aumentar considerablemente si se optara por llevar adelante procesos por todos los delitos cometidos por mayores de 14 años.
A pocas semanas de la implementación, además, San Juan todavía debe terminar de definir las reglas concretas de funcionamiento. El juez señaló que aún falta una legislación procesal específica y una definición institucional que determine cómo deberán intervenir jueces, fiscales, defensores y asesores bajo el nuevo esquema.
La adaptación tampoco quedará limitada al Poder Judicial. La aplicación efectiva de la ley requerirá recursos, programas educativos especializados y dispositivos destinados al abordaje de los adolescentes que ingresen al sistema penal. El desafío será construir una estructura específica para menores, con procedimientos similares en algunos aspectos al sistema acusatorio vigente para adultos, pero adaptados a las características propias de la Justicia Juvenil.
Así, la discusión sobre la nueva normativa en San Juan queda planteada en dos planos. Por un lado, la provincia deberá prepararse para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años. Por otro, las estadísticas muestran que ese universo representa una fracción reducida tanto del delito juvenil como del total de hechos delictivos registrados en la provincia, por lo que su incidencia sobre la seguridad general dependerá también de cómo se implemente y aplique el nuevo régimen.