Desde la casa de estudios afirmaron que la resolución que rechazó la cautelar presentada por la Nación mantiene vigentes los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a salarios y becas, mientras continúa pendiente la definición sobre el fondo de la causa.
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) interpretó que el reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó la medida cautelar impulsada por el Gobierno nacional contra la Ley de Financiamiento Universitario fortalece los reclamos de las universidades públicas y obliga al Ejecutivo a avanzar con el cumplimiento de los artículos referidos a la recomposición salarial y al financiamiento de las becas estudiantiles.
El secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, explicó que la resolución judicial deja firmes las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia respecto de los artículos 5 y 6 de la norma, por lo que el Gobierno nacional debería completar la actualización salarial pendiente para docentes y personal no docente, además de garantizar los recursos destinados al sistema de becas.
No obstante, aclaró que la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo, vinculada tanto al financiamiento integral de la ley como a la validez del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la norma. Mientras esa definición permanece pendiente, sostuvo que continúan vigentes los fallos anteriores, que habían considerado que los recortes presupuestarios afectaban el derecho a la educación y comprometían el funcionamiento del sistema universitario.
En términos económicos, Coca estimó que el cumplimiento inmediato de los artículos relacionados con salarios y becas demandaría aproximadamente 1,3 billones de pesos. En tanto, la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario requeriría una inversión cercana a los 3,2 billones de pesos, cifra que contempla la recomposición correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026.
El funcionario universitario señaló además que el acuerdo salarial alcanzado anteriormente entre el Gobierno nacional y las universidades solo cubrió una parte de las actualizaciones previstas por la legislación, por lo que todavía resta completar un porcentaje significativo de la recomposición.
Finalmente, indicó que el fallo de la Corte sobre la medida cautelar ya no admite nuevas apelaciones, por lo que el Gobierno deberá definir cómo dará cumplimiento a lo resuelto por el máximo tribunal. En ese contexto, consideró que la nueva situación judicial podría acelerar las negociaciones paritarias entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario, previstas originalmente para septiembre.