La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desistió de apelar la medida cautelar que le ordenó presentar un plan de continuidad y recuperación pedagógica para los tres colegios preuniversitarios, en el marco del reclamo judicial impulsado por padres autoconvocados por los días de clases perdidos durante 2026. La institución consideró que cumplió con lo dispuesto por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, aunque advirtió que podría recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si recibe una resolución desfavorable.
La decisión modificó la estrategia judicial que había anticipado la casa de altos estudios, que tenía previsto llevar la discusión ante la Cámara de Apelaciones de Mendoza para intentar revertir la cautelar. El magistrado aceptó el desistimiento, por lo que el expediente continuará, por ahora, en el fuero federal de San Juan.
El conflicto comenzó con la presentación de un grupo de padres autoconvocados que cuestionó la pérdida de jornadas escolares por los paros docentes y no docentes. Según sus estimaciones, las interrupciones alcanzaron los 42 días durante el ciclo lectivo 2026. Frente a ese planteo, Rago Gallo ordenó a la universidad elaborar una propuesta concreta para garantizar la continuidad educativa y recuperar las clases, las horas y los contenidos afectados.
En respuesta al requerimiento, la UNSJ presentó el Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica, con medidas específicas para la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.
La propuesta contempla extender el calendario académico y sostener instancias de consulta, recuperación de contenidos y evaluaciones durante noviembre y, en determinados casos, hasta diciembre. La universidad sostuvo ante la Justicia que los establecimientos ya venían implementando medidas para afrontar las interrupciones y que las acciones fueron reforzadas tras la resolución judicial.
Sin embargo, los padres autoconvocados rechazaron el esquema al considerar que no garantiza una recuperación efectiva de las jornadas perdidas. Entre sus principales cuestionamientos, señalaron que la propuesta no incorpora nuevos días de clases y que, en cambio, reduce contenidos para ajustarlos al tiempo disponible. También objetaron el recurso a las aulas virtuales como mecanismo para compensar las interrupciones.
En su presentación judicial, la UNSJ defendió el trabajo de las autoridades y los docentes de los tres establecimientos, y afirmó que las acciones académicas y administrativas apuntan a asegurar la finalización del ciclo lectivo. Además, indicó que los equipos directivos mantuvieron contacto con las familias que solicitaron información sobre el avance pedagógico de los estudiantes.
La institución también explicó que, en las jornadas en que las actividades presenciales debieron suspenderse por razones meteorológicas o de fuerza mayor vinculadas con la seguridad de la comunidad educativa, se recurrió a la modalidad virtual.
Con esos argumentos, la universidad comunicó formalmente que desistía del recurso de apelación contra la resolución del 9 de octubre, al entender que había cumplido con las exigencias fijadas por el juez. No obstante, dejó asentada una reserva para acudir al máximo tribunal del país si una futura decisión judicial resultara contraria a sus intereses.
La advertencia se apoya en presuntas vulneraciones de garantías constitucionales, entre ellas el derecho de defensa, el debido proceso, la igualdad y la autonomía universitaria. De este modo, aunque la UNSJ decidió no avanzar con la apelación prevista ante la Cámara de Mendoza, la disputa por la recuperación de las clases en los preuniversitarios todavía podría escalar hasta la Corte Suprema.
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