La Universidad Nacional de San Juan inició una acción judicial contra el exsecretario administrativo de Ingeniería, Alfredo Daroni, para el reintegro de fondos pagados por la indemnización derivada de la muerte de un estudiante ocurrida en 2010.
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzó con una demanda judicial contra el exsecretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, Alfredo Daroni, con el objetivo de recuperar el dinero que la institución debió abonar tras la muerte del estudiante Fernando Reinoso, ocurrida en marzo de 2010 dentro de esa unidad académica.
El reclamo económico supera los 10 millones de pesos y se enmarca en una acción de repetición impulsada por la casa de altos estudios, luego de haber afrontado el pago de una indemnización a la familia del joven, quien falleció electrocutado mientras realizaba tareas vinculadas a su trabajo final de la carrera de Ingeniería Agronómica.
En el plano judicial, Daroni fue el único condenado en la causa penal derivada del hecho. La sentencia le impuso tres años de prisión condicional y posteriormente quedó firme tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.
Según trascendió, la UNSJ había intentado previamente alcanzar un acuerdo extrajudicial con el exfuncionario para recuperar los fondos ya erogados. Ante la falta de avances en esa instancia, las autoridades universitarias decidieron formalizar la demanda para exigir el reintegro del monto total, incluidos intereses.
El caso Reinoso tuvo un fuerte impacto institucional y derivó en un extenso proceso judicial que involucró a distintas autoridades de la Facultad de Ingeniería. Entre ellas se encontraba el entonces decano y posterior rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien finalmente resultó absuelto en el proceso.
En el ámbito civil, la familia del estudiante había iniciado una demanda contra la universidad en 2011. Ese litigio concluyó en 2020 con el pago de 10.335.116 pesos por parte de la institución.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que Daroni había solicitado una reducción del monto a reintegrar en sede administrativa, planteo que no fue aceptado. Posteriormente, la UNSJ remitió una carta documento exigiendo el pago, aunque la notificación no habría obtenido respuesta.
La condena contra el exfuncionario se basó en la responsabilidad que, según determinó la Justicia, tenía sobre las condiciones de seguridad del edificio. El fallo señaló que conocía las deficiencias eléctricas del sector donde ocurrió el accidente y que no habría impulsado las medidas necesarias para corregir el riesgo, entre ellas la reparación del tablero eléctrico donde se produjo la descarga fatal.