El diputado nacional cuestionó el proyecto del Gobierno para flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Aseguró que la normativa vigente no impide las inversiones y advirtió que San Juan figura entre las provincias con mayor superficie rural en manos de capitales del exterior.
El diputado nacional Cristian Andino manifestó su rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar la Ley de Tierras para flexibilizar las restricciones a la adquisición de inmuebles rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. El legislador sostuvo que la normativa vigente constituye una herramienta para proteger la soberanía sobre recursos estratégicos y afirmó que no representa un obstáculo para las inversiones.
Según explicó, la legislación actual permite la participación de capitales extranjeros, aunque establece que no más del 15% de la superficie rural del país puede quedar bajo esa titularidad. A su entender, ese límite resulta necesario para preservar bienes vinculados a la seguridad nacional, la producción de alimentos, el agua y los recursos minerales.
En ese marco, Andino remarcó que la tierra debe ser considerada un activo estratégico y no únicamente un bien comercial. Señaló que detrás del debate se encuentran recursos naturales de alto valor para el desarrollo del país, por lo que consideró inconveniente avanzar con una mayor apertura en la propiedad de campos rurales.
El legislador también puso el foco en la situación de San Juan, al sostener que la provincia se ubica entre las jurisdicciones con mayor porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros. Indicó que esa realidad se observa especialmente en los departamentos de Iglesia, Calingasta y Jáchal, donde existe una importante concentración de propiedades bajo titularidad de capitales internacionales.
Para Andino, una eventual flexibilización de la ley podría debilitar las herramientas de control sobre territorios que poseen un fuerte potencial minero, hídrico y productivo, por lo que insistió en mantener el esquema vigente.
De cara al tratamiento parlamentario de la iniciativa, el diputado confirmó que buscará construir consensos con otros bloques para frenar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo nacional. Además, argumentó que numerosos países cuentan con regulaciones similares para compatibilizar la llegada de inversiones con la protección de recursos y zonas consideradas estratégicas para sus intereses nacionales.