Desde la Provincia advirtieron sobre las consecuencias que la medida podría tener para trabajadores y proveedores sanjuaninos, aunque aclararon que se trata de una decisión empresarial.
La suspensión temporal de actividades vinculadas al proyecto minero Hualilán encendió señales de alerta en el Gobierno de San Juan, que manifestó su preocupación por las posibles consecuencias sobre el empleo y la actividad de las empresas locales que participan en la operación.
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, señaló que la principal inquietud está relacionada con la situación de los trabajadores y sus familias, ante la incertidumbre generada por la decisión adoptada por la compañía. En ese marco, remarcó que el empleo constituye la principal preocupación de la administración provincial.
El funcionario aclaró que las definiciones operativas del proyecto corresponden exclusivamente al ámbito privado y que la Provincia no interviene en las decisiones empresariales vinculadas a la continuidad de las actividades. Sin embargo, sostuvo que la empresa deberá responder por los compromisos asumidos previamente con contratistas y proveedores.
Según indicó, los acuerdos firmados entre las partes se encuentran regulados por la normativa civil vigente, por lo que cualquier situación derivada de eventuales incumplimientos deberá resolverse dentro de ese marco legal y bajo la responsabilidad de la firma.
Achem también explicó que el Gobierno provincial no participa en aspectos técnicos relacionados con la calidad del mineral ni con la planificación interna del emprendimiento. No obstante, aseguró que el Ministerio de Minería mantiene contacto permanente con las compañías involucradas y sigue de cerca la evolución del escenario.
En ese sentido, afirmó que la Provincia continuará acompañando a los proveedores sanjuaninos que puedan verse afectados por la paralización de actividades y por las consecuencias económicas derivadas de la medida.
Respecto de los motivos que llevaron a la suspensión del proyecto, el funcionario evitó realizar evaluaciones y sostuvo que corresponde a la empresa brindar las explicaciones sobre las razones que fundamentaron la decisión. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la atención puesta en la situación laboral y en el impacto que la medida podría generar sobre la cadena productiva vinculada a Hualilán.