El sindicato recurrió a la Justicia al considerar que la normativa vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo más de 1.800 puestos de trabajo. También cuestionó las diferencias regulatorias con las plataformas digitales.
El Sindicato de Taxistas y Remiseros de San Juan presentó un recurso de amparo ante la Justicia provincial con el objetivo de frenar la aplicación de la nueva Ley Provincial de Transporte. Desde la organización sostienen que la normativa afecta derechos del sector, compromete la continuidad laboral de los trabajadores y genera un trato desigual frente a las plataformas digitales de transporte.
El planteo judicial fue radicado en el fuero civil y, según explicaron desde el gremio, busca que se revise la constitucionalidad de distintos artículos de la ley. El sindicato advirtió que la actividad involucra a más de 1.800 trabajadores directos y que de ella dependen, además, miles de personas vinculadas a rubros como talleres mecánicos, repuesteras y servicios del sector automotor.
El secretario general del sindicato, Walter Ferreri, cuestionó la elaboración y reglamentación de la norma al considerar que vulnera derechos adquiridos por los choferes. En ese sentido, afirmó que el sector acompaña las medidas destinadas a combatir el alquiler irregular de licencias, pero rechazó aquellas disposiciones que, según sostuvo, perjudican a quienes desarrollan la actividad de manera regular.
Entre los principales cuestionamientos, el dirigente también incluyó el avance de las plataformas digitales, al advertir que la desregulación del servicio podría afectar el empleo formal y modificar las condiciones de competencia dentro del transporte de pasajeros.
Por su parte, la abogada del sindicato, Eliana Ramírez, explicó que la presentación judicial también apunta a objetar la derogación del régimen anterior, que establecía criterios para la emisión de licencias en función de la cantidad de habitantes. A su entender, la nueva legislación altera ese esquema y afecta el derecho al trabajo de quienes ya integran el sistema.
Además, la representación legal del gremio sostuvo que la normativa establece exigencias más estrictas para taxistas y remiseros que para los servicios prestados mediante aplicaciones. Entre ellas mencionó las revisiones técnicas obligatorias, controles sanitarios, licencias profesionales y capacitaciones periódicas que debe cumplir el transporte habilitado.
Desde el sindicato indicaron que el amparo fue presentado nuevamente luego de que la Justicia solicitara adecuar algunos requisitos formales en una primera instancia. Con la documentación ampliada y nuevos fundamentos jurídicos incorporados, el sector espera que el planteo sea admitido y que se suspendan los efectos de la ley mientras se analiza el fondo de la cuestión.