El proyecto de reforma de la denominada "Ley de Tierras", impulsado por el Gobierno nacional, sumó cuestionamientos desde el ámbito académico. El director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Tejada, sostuvo que la iniciativa podría generar consecuencias sobre el ordenamiento territorial, la administración de recursos estratégicos y la capacidad de las provincias para controlar la propiedad de la tierra.
El especialista señaló que el debate no debería centrarse en la llegada de inversiones extranjeras, sino en la eliminación de los mecanismos de control que actualmente regulan la adquisición de tierras. En ese sentido, consideró que, aunque algunos efectos no serían inmediatos, la reforma podría derivar en problemas de difícil resolución a largo plazo.
Entre los aspectos que más preocupación generan, Tejada mencionó la posibilidad de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal puedan adquirir extensiones de territorio en el país. A su entender, esa situación reduciría la capacidad de intervención del Estado nacional y dejaría a provincias y municipios con menores herramientas para regular operaciones vinculadas a capitales internacionales.
El académico también advirtió que la iniciativa podría incentivar una competencia entre las provincias para flexibilizar requisitos con el objetivo de captar inversiones, lo que, según planteó, pondría en riesgo criterios comunes de planificación y protección territorial.
Otro de los puntos señalados fue la ausencia de previsiones específicas para resguardar tierras vinculadas a recursos naturales estratégicos. En el caso de San Juan, Tejada puso el foco en el recurso hídrico y sostuvo que una desregulación de la compra de tierras podría dificultar el control sobre zonas con disponibilidad de agua, un recurso considerado crítico para la provincia. Asimismo, expresó reparos respecto de la eventual venta de inmuebles ubicados en áreas de frontera o de interés para la soberanía nacional.
Pese a sus críticas, el geógrafo aclaró que no se opone a las inversiones extranjeras, sino que considera necesario mantener un marco regulatorio que preserve el interés público. En esa línea, recordó que la legislación vigente ya habilita la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque bajo límites y condiciones específicas.
Finalmente, Tejada sostuvo que varios países desarrollados mantienen regulaciones más estrictas sobre la propiedad de la tierra y advirtió que una eliminación de esos controles en Argentina implicaría, a su juicio, un retroceso en materia de protección del territorio, los recursos naturales y el patrimonio nacional.
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