La investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo episodio de tensión luego de que la jueza de Garantías, Mónica Lucero, rechazara los planteos formulados por la defensa de dos exfuncionarios que aparecen bajo análisis en la causa.
La resolución alcanzó al abogado Nasser Uzair, representante legal de Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol, quien había solicitado intervenir activamente en el expediente y aportar elementos de descargo. La magistrada consideró que el letrado carece de legitimación para actuar en esta etapa del proceso debido a que el Ministerio Público Fiscal todavía no formalizó imputaciones contra personas determinadas.
La decisión judicial se produjo en medio de una investigación que permanece en fase preliminar y que recientemente obtuvo una extensión de 90 días para profundizar la recolección y análisis de pruebas. En ese contexto, la defensa había requerido conocer el alcance de las medidas que se encuentran en curso y que se incorporaran las pruebas ofrecidas por sus representados.
No obstante, el pronunciamiento de Lucero abrió una nueva discusión dentro del ámbito judicial. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que días antes la misma magistrada había suspendido una audiencia y dispuesto un cuarto intermedio ante la ausencia de Uzair, quien se había presentado espontáneamente en la causa. Incluso, según trascendió, el tribunal había ordenado notificarlo formalmente de las actuaciones, circunstancia que ahora contrasta con la decisión de negarle participación en el proceso.
Para fundamentar sus pedidos, la defensa había invocado disposiciones del Código Procesal Penal y garantías constitucionales vinculadas al derecho de defensa. Sin embargo, la jueza entendió que la situación procesal actual no habilita la intervención pretendida hasta tanto exista una atribución concreta de responsabilidades por parte de la Fiscalía.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la conducción del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de Francisco Pizarro. El equipo acusador avanza en el análisis de documentación, informes técnicos y elementos contables incorporados al expediente, una tarea que será determinante para definir los próximos pasos de una causa que sigue generando fuerte expectativa por la magnitud de la obra pública involucrada y por el eventual alcance de futuras imputaciones.
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