El fiscal Francisco Maldonado avaló la competencia federal y el juez Leopoldo Rago Gallo le dio cinco días hábiles a la UNSJ para responder. Las familias reclaman una medida cautelar para garantizar un mínimo de clases durante las huelgas y recuperar los contenidos perdidos en 2026.
La Justicia Federal dio un paso clave en el reclamo de los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios de San Juan, que buscan reducir el impacto de los paros docentes y no docentes sobre la educación de sus hijos. Tras la intervención favorable del fiscal federal Francisco Maldonado, el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1, solicitó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que presente un informe en un plazo de cinco días hábiles desde su notificación.
El avance judicial permite que continúe el trámite del amparo colectivo, presentado el 24 de septiembre por los padres de diez alumnos. La presentación incluye un pedido de medida cautelar para garantizar la continuidad de las clases durante las medidas de fuerza gremiales y establecer un plan de recuperación de las jornadas y los contenidos perdidos durante el ciclo lectivo 2026.
Maldonado consideró que corresponde la intervención federal porque la demanda está dirigida contra la UNSJ, una institución nacional. También entendió que el amparo es una vía adecuada para reclamar que la universidad adopte medidas destinadas a proteger el derecho a la educación y asegurar el cumplimiento del calendario escolar.
Con ese dictamen, Rago Gallo dispuso trasladar el planteo a la casa de altos estudios para que exponga los antecedentes y fundamentos vinculados con la medida cuestionada y presente las pruebas que considere pertinentes. Una vez cumplida esa instancia, el juzgado podrá avanzar en el análisis del reclamo y resolver sobre la solicitud cautelar.
Entre los principales pedidos de las familias figura que, durante los conflictos gremiales que afecten a los Institutos Preuniversitarios (IPU), se garantice una prestación educativa mínima del 75%, mediante los mecanismos previstos por la normativa vigente. Además, solicitan que la UNSJ diseñe y ejecute un programa para recuperar las clases perdidas y asegurar los días de actividad escolar exigidos por las disposiciones nacionales y universitarias.
Según el registro elaborado por los propios padres, hasta el martes pasado los estudiantes acumulaban 41 días sin clases durante 2026. Ese número constituye uno de los principales argumentos de las familias para reclamar una respuesta judicial frente a las interrupciones del servicio educativo.
El conflicto se inscribe en la disputa más amplia por el financiamiento de las universidades nacionales, que enfrenta a las instituciones con el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, la controversia por los recursos universitarios y las medidas de fuerza sindicales mantiene en discusión la continuidad de las actividades académicas, mientras los padres buscan que sus hijos puedan completar el ciclo lectivo.