La investigación judicial sobre el Acueducto Gran Tulum continuará durante varios meses más luego de que el fuero de Garantías autorizara una extensión de los plazos solicitada por el Ministerio Público Fiscal. La medida permitirá avanzar con nuevas diligencias y completar el análisis de documentación considerada clave para determinar si existieron irregularidades en el proceso administrativo que acompañó la ejecución de la obra.
Con esta resolución, el expediente permanecerá en etapa investigativa hasta principios de noviembre. Durante ese período, los fiscales buscarán reunir los elementos necesarios para establecer si hubo conductas que puedan tener relevancia penal en las distintas instancias de planificación, contratación y ejecución del proyecto.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la tarea actual está centrada en reconstruir el recorrido administrativo de la obra. Para ello se examinan expedientes, resoluciones, procesos licitatorios, mecanismos de contratación, controles internos y demás actuaciones relacionadas con uno de los emprendimientos de infraestructura más importantes desarrollados en San Juan durante los últimos años.
Desde la Fiscalía aclararon que, por el momento, la investigación no está enfocada en aspectos técnicos de la construcción ni en la calidad de los materiales utilizados. El objetivo principal consiste en verificar si los procedimientos administrativos se ajustaron a las normas vigentes y si existen elementos que justifiquen profundizar la pesquisa penal.
La ampliación fue otorgada tras una audiencia en la que también se debatieron cuestiones procesales vinculadas con la intervención de representantes legales interesados en el seguimiento de la causa. Luego de analizar los planteos formulados por las partes, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido de los investigadores.
Durante los próximos meses se incorporarán informes técnicos, documentación oficial y eventuales testimonios que permitan completar el panorama sobre las decisiones adoptadas a lo largo del desarrollo del proyecto, desde su etapa inicial hasta su ejecución.
La nueva prórroga adquiere especial relevancia porque, según se indicó durante la audiencia, se trata de la última extensión posible dentro de la fase preparatoria. En consecuencia, una vez vencido el plazo, la Fiscalía deberá adoptar una definición respecto del rumbo procesal del expediente.
Entre las alternativas previstas figuran la eventual formalización de una investigación contra posibles responsables, el archivo de las actuaciones por falta de elementos suficientes o la aplicación de otras herramientas contempladas por la legislación vigente.
El caso ha despertado interés público debido a la importancia estratégica y económica del Acueducto Gran Tulum, una infraestructura concebida para reforzar el abastecimiento de agua potable en distintos departamentos de la provincia y acompañar el crecimiento urbano y productivo de San Juan.
Fuentes judiciales señalaron además que una eventual conclusión sin hallazgos penales no impediría que futuras controversias relacionadas con aspectos técnicos o contractuales puedan ser analizadas por otras vías administrativas o judiciales.
Mientras tanto, la investigación seguirá concentrada en el estudio de expedientes, contratos y actos administrativos. Las conclusiones que logren reunir los fiscales en los próximos meses serán determinantes para definir si la causa avanza hacia una instancia superior o si, por el contrario, queda cerrada sin imputaciones.
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