La defensa de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol presentó un recurso en la UFI Delitos Especiales al considerar que se vulneró su derecho de defensa y cuestionar la imparcialidad de la magistrada.
La investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de caños para la obra del Acueducto Gran Tulum sumó este martes una nueva novedad judicial. La defensa de los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, presentó un pedido de apartamiento de la jueza Mónica Lucero, quien interviene en el expediente que tramita en la UFI Delitos Especiales.
La presentación fue realizada por el abogado Nasser Uzair, quien argumentó una supuesta falta de imparcialidad de la magistrada luego de que ésta rechazara el acceso de sus defendidos a las medidas preliminares impulsadas por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación.
Según fuentes vinculadas al caso, la jueza Lucero resolvió el pasado 17 de junio no brindar esa información al considerar que la causa se encuentra en una etapa preliminar de investigación y que, por lo tanto, no correspondía dar acceso a las actuaciones solicitadas por los exfuncionarios.
Entre los fundamentos expuestos por la defensa también figura la falta de notificación para participar de la audiencia realizada ese mismo 17 de junio. De acuerdo con la presentación, esa situación les impidió estar presentes y ejercer su derecho de defensa, lo que fue calificado como una vulneración de las garantías procesales.
Fuentes del caso señalaron además que durante este miércoles podrían producirse nuevas novedades vinculadas al expediente a partir de otra presentación impulsada por Uzair.
La causa tuvo su origen el 9 de diciembre del año pasado, cuando el abogado Marcelo Arancibia radicó una denuncia para que se investigaran una serie de hechos relacionados con presuntas maniobras ilícitas en las contrataciones estatales vinculadas a la construcción del Acueducto Gran Tulum. Si bien no identificó personas concretas, solicitó que se analizara la posible responsabilidad penal de funcionarios provinciales que integraron la gestión 2019-2023, encabezada por el entonces gobernador Sergio Uñac.
En la denuncia se planteó la posibilidad de que los pliegos licitatorios hubieran sido direccionados para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la cual, según sostuvo Arancibia, estaría vinculada a un primo del actual senador nacional, el empresario Gustavo Monti, fallecido el pasado 25 de febrero.
Posteriormente, el 19 de enero, el denunciante amplió la presentación incorporando nuevos elementos. Entre ellos mencionó documentación que, según sostuvo, confirmaría que Monti actuó como apoderado de Krah, además de señalar la reubicación de Sergio Ruiz como asesor político de Uñac, una eventual redeterminación acelerada de precios del 55% de la obra y un presunto pago anticipado equivalente al 35% del contrato.
A partir de esos hechos, Arancibia consideró que podrían configurarse, de manera provisoria, delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otras figuras penales.
La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que inicialmente dispuso un plazo de 90 días hábiles para reunir pruebas. Una vez concluido ese período, los fiscales solicitaron una prórroga por otros 90 días, actualmente en curso, para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia la formalización de la Investigación Penal Preparatoria e imputar a eventuales sospechosos o, en su defecto, disponer el archivo de las actuaciones.