La polémica por la adjudicación de la construcción del campamento del proyecto minero Vicuña a un consorcio liderado por la empresa china PowerChina sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la Intersindical San Juan salió al cruce de las declaraciones realizadas por el presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, José Morea, quien había planteado la necesidad de debatir por qué las empresas argentinas no logran ser más competitivas.
A través de un comunicado, la organización sindical expresó su desacuerdo con esa visión y consideró que atribuir el resultado de la licitación a una supuesta falta de competitividad de la industria nacional implica desconocer las capacidades desarrolladas por empresas argentinas a lo largo de décadas de participación en proyectos de gran escala.
La entidad sostuvo que el fortalecimiento de la competitividad no depende de cuestionar a los actores locales, sino de generar condiciones que promuevan su crecimiento y participación en las inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo minero.
En ese marco, la Intersindical puso el foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y afirmó que los beneficios contemplados por ese esquema favorecen principalmente a capitales extranjeros. Según planteó, no puede hablarse de una competencia equilibrada cuando existen ventajas económicas que no alcanzan de igual manera a las empresas nacionales.
Por ello, reclamó que los incentivos disponibles para los grandes proyectos también sean extendidos a firmas argentinas, con el objetivo de garantizar condiciones más equitativas y fortalecer el desarrollo de proveedores locales.
Como parte de sus argumentos, la organización recordó antecedentes de la actividad minera en San Juan, destacando que los campamentos de emprendimientos como Veladero y Pascua Lama fueron construidos por empresas nacionales. A su entender, esas experiencias constituyen una prueba concreta de la capacidad técnica, logística y operativa de la industria argentina para afrontar obras de gran magnitud.
Además, la entidad señaló que en el proceso licitatorio del campamento de Vicuña una empresa argentina presentó una oferta que quedó en segundo lugar por una diferencia reducida respecto de la propuesta finalmente adjudicada. Para la Intersindical, ese dato demuestra que la discusión no pasa por una falta de competitividad del sector local, sino por decisiones que terminan privilegiando la contratación de bienes y servicios importados.
La controversia se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre la participación de empresas sanjuaninas y argentinas en los grandes proyectos mineros que avanzan en la provincia. En paralelo, distintos sectores empresariales, sindicales y políticos vienen reclamando mecanismos que garanticen una mayor integración de proveedores locales y una distribución más amplia de los beneficios económicos generados por la actividad.
De esta manera, la discusión en torno al proyecto Vicuña trasciende una licitación puntual y vuelve a instalar el debate sobre el desarrollo de la industria nacional, el compre local y el rol que deben tener las empresas argentinas en las inversiones que marcarán el futuro de la minería en San Juan.
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