Marcelo Fernández defendió la ausencia del senador en el inicio de la formalización de la causa por el Acueducto Gran Tulum, cuestionó la exigencia de comparecencia personal y denunció una presunta utilización política de la investigación. También planteó que el expediente debería tramitarse en la Justicia federal.
El senador y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, asistirá a la próxima audiencia por la causa que investiga presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum si la jueza Mónica Lucero requiere su presencia personal, aseguró su abogado defensor, Marcelo Fernández. El legislador no participó del encuentro del miércoles, que terminó suspendido en el inicio de la formalización de la investigación.
En declaraciones a la prensa, Fernández sostuvo que el Código Procesal Penal no obliga al investigado a concurrir personalmente en esta etapa y afirmó que la asistencia corresponde a su representante legal. Según explicó, se presentó en nombre de Uñac y solicitó que el procedimiento continuara.
El abogado también rechazó que la ausencia del senador tuviera como objetivo demorar el expediente y aseguró que la defensa está dispuesta a avanzar con las próximas instancias. No obstante, distinguió entre la obligación de comparecer y el derecho del acusado a declarar, una decisión que, remarcó, dependerá de la voluntad de su defendido.
Fernández cuestionó la decisión de Lucero de exigir la presencia física de Uñac y consideró que la audiencia podía desarrollarse con la participación de los abogados. En paralelo, planteó que la causa debería quedar bajo la órbita de la Justicia federal, al señalar que la obra contó con financiamiento nacional e internacional.
El defensor también puso en duda el trasfondo del expediente y sostuvo que la investigación tiene una dimensión política que, a su entender, excede la discusión judicial sobre las presuntas irregularidades en la obra pública.
“Yo creo que acá lo que menos se está empiojando es la causa, sino que con la causa se está empiojando la competencia política pura”, afirmó Fernández, quien calificó el caso como una presunta causa política y sostuvo que existiría una intención de perjudicar a dirigentes opositores.
Sin embargo, el letrado aclaró que no puede atribuir responsabilidades a funcionarios sin pruebas y señaló que las controversias sobre los hechos deben resolverse en el ámbito judicial.
La investigación por el Acueducto Gran Tulum continúa abierta y deberá establecer si existieron delitos y quiénes podrían tener responsabilidad. La posición expresada por Fernández corresponde a la estrategia y la interpretación de la defensa, mientras que la determinación de los hechos dependerá del avance del proceso judicial.